Prisión preventiva para 18 imputados por la “Operación La Purga” en Rancagua

Un tribunal de garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para 18 personas formalizadas por el Ministerio Público como integrantes de una organización criminal que operaba en la Región de O'Higgins, en una causa que la prensa bautizó "Operación La Purga". La resolución llegó el 14 y 15 de septiembre, tras una audiencia en la que el fiscal regional Aquiles Cubillos presentó cargos por homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de municiones y tenencia de explosivos y fuegos artificiales. "Hemos formalizado investigación en contra de 18 sujetos por este procedimiento, formalizados por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal", dijo Cubillos, según consignó La Tercera.

La causa no nació esta semana. Desde 2024, la Fiscalía de Análisis Criminal de O'Higgins venía siguiendo, con apoyo de la PDI, a un grupo que la cobertura periodística ha descrito como una red de sicariato ligada al narcotráfico, aunque ese no es el nombre del delito formalizado. El 13 de septiembre, un día antes de la audiencia, la policía registró 187 domicilios en un solo despliegue, la escala que terminó reuniendo a los 18 imputados en una sola causa. El Ministerio Público tiene ahora un año de plazo para cerrarla.

Lo llamativo no es solo el número de domicilios ni el de detenidos, sino que la red haya operado durante al menos dos años en una región que rara vez entra en la conversación pública sobre crimen organizado, un fenómeno asociado casi por reflejo a Santiago, Valparaíso o el norte. Que Rancagua concentre una causa de esta escala, con homicidios por encargo, tráfico y una batería de cargos por armas y explosivos, muestra que el crimen organizado también tiene presencia en una región de la zona central agrícola del país.

Si los 18 imputados representan el total de la organización o solo la parte que la Fiscalía logró identificar hasta ahora es algo que la propia causa irá respondiendo con el tiempo. Ni Cubillos ni la PDI han hablado, hasta el momento, de cabecillas adicionales o de ramificaciones fuera del operativo del 13 de septiembre. Tampoco se ha planteado públicamente cuánto llevaba la red operando en los hechos que ahora se le imputan antes de que la investigación la detectara, un vacío que la propia cronología —dos años de investigación antes de la formalización— plantea cuánto tiempo llevaba operando la red antes de ser detectada.

En lo inmediato, la causa sigue el curso de una investigación recién formalizada: nuevas diligencias sobre la evidencia reunida en los 187 domicilios, la posibilidad de que alguno de los imputados apele la prisión preventiva ante la Corte de Apelaciones de Rancagua y, si la Fiscalía decide acusar, el camino hacia una audiencia de preparación de juicio oral. Con un año de plazo por delante, la "Operación La Purga", nombre de prensa y no de la Fiscalía, recién empieza su etapa judicial más larga.