Según la Cancillería, esas funciones se enmarcan en el Compromiso de Santiago, un conjunto de iniciativas que Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador suscribieron el 28 de mayo. Paraguay y Uruguay se sumaron después.

Para respaldar la elección, el comunicado de la Cancillería destacó que Steinert acumula más de 20 años como fiscal, sobre todo en la persecución del crimen organizado transnacional en el norte del país. Participó en investigaciones contra bandas de narcotráfico, tráfico de migrantes y explotación sexual, que terminaron en condenas contra líderes del Tren de Aragua. Además presidió la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019, y fue vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales en 2018 y 2019.

Su paso por el gabinete fue breve. Steinert asumió en marzo como ministra de Seguridad Pública del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y fue removida el 19 de mayo, poco más de dos meses después. Cooperativa recuerda que, antes de su salida, hubo controversia por un oficio reservado enviado a la Policía de Investigaciones, previo al llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.

Tras el anuncio, diputados del PDG hablaron de «reciclaje político» y de «silla musical», según BioBioChile. La oposición, por su parte, criticó al Presidente Kast por el nombramiento, y Winter (Frente Amplio) le reprochó a Steinert faltas reiteradas en una comisión investigadora.

El fiscal regional Rodrigo Peña explicó que la actividad principal del grupo era el secuestro extorsivo y que usaba computadores y otras herramientas tecnológicas para cometer fraudes de forma rápida. El prefecto Javier González, jefe de la PDI en el Maule, estimó los montos defraudados en más de $1.000 millones a partir de los bienes incautados hasta ahora. Además de los vehículos, se decomisaron armas, droga, dinero y equipos tecnológicos. Además se solicitó la enajenación de tres propiedades.

Lo que más llama la atención es la modalidad. González describió un equipo con un software que permitía sacar sumas importantes de la cuenta de una persona sin que esta entregara dato alguno, y que habría servido para obtener las claves necesarias para el fraude digital. Peña añadió que, según se maneja, una víctima podía perder hasta $100 millones en unas 20 transacciones, aunque lo planteó como una referencia general y no como un caso comprobado. Las autoridades no detallaron cómo funcionaba el sistema.

González indicó que la mayoría de los detenidos son chilenos, algunos con antecedentes, y que la banda llevaba al menos seis meses operando. La PDI también investiga posible lavado de activos.

Los detenidos serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Curicó, donde se conocerán los cargos concretos y más detalles de la investigación.

El cierre largo comenzó el 15 de julio, según informó la Delegación Presidencial del Maule, y se debió a las nevadas del invierno: en algunos sectores de la ruta CH-115 la nieve superaba los cuatro metros de altura. Según la Delegación, Vialidad confirmó que los trabajos de despeje devolvieron la transitabilidad del camino.

La reapertura se celebró en San Clemente con el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto; el gobernador, Pedro Álvarez-Salamanca; el alcalde Juan Rojas; el intendente de Malargüe, Celso Jaque, y representantes de Carabineros, PDI, Aduanas, SAG, Obras Públicas y la Unidad de Pasos Fronterizos. "Invitamos a todas las personas a transitar entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde", dijo Prieto. Un medio mendocino agrega que el ingreso a Chile desde Argentina se extiende hasta las 20:00, según el clima y el estado del camino, y que las autoridades advirtieron por hielo, nieve y caída de rocas.

Las autoridades hablaron de inversiones por más de $490 millones, entre iniciativas en distintas etapas. Se detallaron más de $91 millones para un escáner financiado por el Gobierno Regional, $95 millones para mejorar la sala de ingreso a Chile, $90 millones en arriendo de maquinaria para despejar la CH-115 y cerca de $20 millones en mantenciones menores. Esas partidas suman unos $296 millones; el resto del total no se desglosó. Álvarez-Salamanca destacó que el escáner busca reducir los tiempos de espera y realizar las pesquisas correspondientes. La videovigilancia y la compra de un minicargador para despejar nieve siguen en licitación.

Para qué sirve el paso lo resumieron dos de los asistentes. Rojas: "El Pehuenche es complementario a Los Libertadores". Jaque lo llamó "el paso alternativo al Cristo Redentor". La idea viene de antes. Hasta abril de 2019 el Pehuenche solo recibía pasajeros por falta de infraestructura aduanera; ese mes se inauguró el cruce de carga pesada, con unidades selladas, cargas peligrosas como gas y petróleo, y camiones en lastre, y se esperaban unos 40 camiones diarios. Entonces el Cristo Redentor recibía más de 2.500 vehículos al día, 40% de ellos de carga, y la ruta del Pehuenche estaba pavimentada desde 2017.

Su calendario lo manda el invierno. En diciembre de 2023 la Unidad de Pasos Fronterizos informó una reapertura el 16 de ese mes, y en 2024 el complejo volvió a abrir el 31 de octubre: según la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, durante el primer fin de semana largo pasaron cerca de 1.200 personas en unos 200 vehículos. Esta vez la reapertura llegó más tarde que en 2024, pero antes que en 2023.

Los transportistas ya habían puesto el foco en la carga. El 3 de agosto, con Los Libertadores cerrado bajo siete metros de nieve, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, pidió habilitar el Pehuenche de forma definitiva. Dijo a Diario Financiero que faltaba poca inversión (un estacionamiento para revisar la carga, presencia de servicios del Estado y equipos quitanieves) y que el Estado ya había invertido US$160 millones en la ruta. Lo anunciado ahora incluye una sala de ingreso mejorada, un escáner y un minicargador en licitación.

Los hechos habrían ocurrido el 26 de mayo, pasadas las 17:00. Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían accionado gas pimienta dentro del calabozo y después habrían instalado un cartón en la ventana para impedir que entrara aire, con lo que los dos detenidos habrían quedado expuestos al químico. Los medios reportan que las cámaras de seguridad de la comisaría registraron lo ocurrido.

La causa la dirige el fiscal adjunto Rubén Salas, de San Bernardo. Las detenciones las concretó el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar) junto a la Fiscalía.

Los dos medios difieren en cómo se reparten las responsabilidades. Emol informó que los seis detenidos responden por los apremios y que otros cinco funcionarios también fueron detenidos por presenciar los hechos sin impedirlos, y que los seis primeros fueron desvinculados. La Tercera, en cambio, reportó seis detenidos en total: según su relato, dos funcionarios fueron desvinculados ese mismo mayo, y los demás estaban en el patio instalando una carpa para una ceremonia y son investigados por no impedir la acción. Ninguno de los dos medios identifica a los funcionarios.

Tampoco explican por qué las detenciones llegan más de cinco meses después del hecho. Emol no cita un pronunciamiento de Carabineros ni de la Fiscalía; La Tercera atribuye a Carabineros la información sobre las desvinculaciones, que son una medida administrativa de la institución.

VLN Radio relata que el concejal limpiaba un terreno particular y realizaba una quema de basuras cuando el fuego, según esa versión, se descontroló y se extendió a una zona de bosque. La superficie afectada tiene dos estimaciones distintas: VLN Radio habla de unos 400 metros y MusicayNoticias, otro medio de la zona, de unos 300.

Según VLN Radio, el concejal fue detenido el domingo por la tarde y pasó la noche en la tenencia de Hualañé. Al día siguiente lo presentaron ante el Tribunal de Garantía de Licantén, y el medio informa que allí la fiscal jefe de la comuna confirmó la formalización y la medida cautelar: firmar una vez al mes ante Carabineros mientras dure la investigación. Cuando llegaron Carabineros y Conaf, añade, las llamas ya estaban extinguidas.

VLN Radio habla de un incendio forestal; MusicayNoticias lo presenta como una infracción a la Ley de Bosques, por una quema hecha sin las autorizaciones correspondientes y de forma presuntamente negligente. La formalización no establece que el concejal haya provocado el incendio, y se presume su inocencia. Ninguno de los dos medios recoge su versión ni la de su defensa, por lo que esa parte del caso sigue sin conocerse.

Como política general de la Fiscalía, VLN Radio informa que la Fiscalía Regional del Maule ha reiterado su "tolerancia cero" con quienes provoquen incendios forestales, sea de manera dolosa o culposa. El medio agrega que, en la temporada anterior, la Fiscalía Regional detuvo y procesó a 67 personas por estos delitos.

Como el Senado ya lo había aprobado, la iniciativa quedó despachada a ley, a la espera de su promulgación. Según se informó, el calendario de traspasos llega hasta el 31 de diciembre de 2035.

Un SLEP es el sostenedor que recibe los colegios que hasta ahora administran los municipios, dentro del sistema de educación pública que creó la Ley 21.040. Al 3 de noviembre, BioBioChile contabilizaba que 169 de las 345 comunas del país ya habían traspasado sus establecimientos.

El proyecto cambia las reglas de esa transición. El Presidente de la República podrá postergar traspasos que no estén listos. En la versión que el Senado informó en octubre, esa postergación es de hasta un año, por un decreto fundado de los ministerios de Educación y Hacienda dictado hasta cuatro meses antes de la fecha fijada.

Para los municipios con buen desempeño, el cambio es la posibilidad de quedarse más tiempo con sus colegios. Esa versión del Senado los autoriza a mantenerlos año a año, de forma renovable, si sus resultados de aprendizaje superan los del SLEP de su territorio y están al día en sus obligaciones previsionales. Para pedir la postergación del traspaso, además, bastaría cumplir uno solo de los criterios de calidad pedagógica en lugar de todos.

Las fechas no coinciden entre las versiones disponibles. En la que describió el Senado en octubre, la entrada en funcionamiento de los 12 servicios pendientes tiene un tope improrrogable al 31 de diciembre de 2030, y el Presidente puede modificar ese calendario una sola vez. Tras la votación del lunes, BioBioChile, CNN Chile y La Tercera informan el 31 de diciembre de 2035 como límite del calendario de los 12 servicios, mientras que Puranoticia lo presenta como el año en que los municipios que postergaron deben completar el traspaso.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el cambio con el argumento de que lo importante es "generar las condiciones para que los traspasos se hagan de mejor manera", y planteó que los municipios con buen desempeño que quieran mantener sus establecimientos más tiempo deberían poder hacerlo.

Desde la oposición, el reparo fue que el texto es más que un cambio de agenda. "Lo venden como un cambio de calendario, pero es una modificación mucho más profunda al sistema", dijo la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio), quien además presentó reserva de constitucionalidad sobre dos artículos y advirtió que "fomenta la fragmentación y la segregación". Marcos Barraza (PC) objetó que la iniciativa "entrega al Presidente de la República la facultad de postergar, por decreto, hasta por un año, los traspasos educativos". El democratacristiano Héctor Barría cuestionó el momento: "no podemos improvisar con un proyecto de ley, en noviembre", y habló de incertidumbre para las familias.

En el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo que los SLEP "no han dejado ninguna mejora medible en la calidad de la educación", y Juan Carlos Beltrán (RN) afirmó que, antes de entregar las escuelas a un nuevo sostenedor, hay que asegurarse de que tenga las condiciones necesarias. La oposición pidió votar por separado algunas normas, y todas fueron aprobadas.

Con la reserva de constitucionalidad presentada, queda por ver si el texto llega al Tribunal Constitucional antes de su promulgación.

Arenas explicó que la decisión responde a un cambio de circunstancias. La conoce el público solo por sus palabras: no consta una declaración del propio ministro ni un documento del Ministerio que la formalice.

Hasta la semana pasada, el congelamiento era más acotado. El 23 de octubre, Justicia suspendió la tramitación de los decretos en curso, luego de que 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedieran a la rebaja desde marzo. El ministerio atribuyó el problema a un vacío legal sobre las personas sentenciadas antes de 2022, y Rabat dijo entonces que buscaba "impedir que se sigan otorgando estos beneficios" a ese grupo.

El beneficio en cuestión está en la Ley 19.856, que permite reducir la pena de quienes cumplen una condena privativa de libertad y muestran un comportamiento sobresaliente. Los condenados por delitos sexuales contra menores eran una parte de ese universo, y su caso originó la suspensión del 23 de octubre. Con lo anunciado ahora, según el vocero, queda detenido el mecanismo completo mientras se define su futuro legislativo. El proyecto en tramitación, impulsado por los senadores Karim Bianchi, Andrés Longton, Pedro Araya y Arturo Squella, busca derogar esa ley, cuenta con el patrocinio del Gobierno y tendrá discusión inmediata, según anunció Arenas el 6 de noviembre.

Arenas también defendió el procedimiento: dijo que el gobierno anterior dictó cerca de 1.600 decretos de rebaja a narcotraficantes y que se trata de una práctica de larga data. Según Cooperativa, la decisión llega en medio de la crisis política por el "caso Rabat", con críticas desde el oficialismo por cómo se manejó el tema. Rabat había firmado, hace menos de una semana, un nuevo decreto que redujo la pena de un condenado por homicidio en la Región de Valparaíso, y el Presidente José Antonio Kast prepara reuniones con los presidentes de los partidos de gobierno. La misma nota consigna que la oposición espera presentar esta semana una acusación constitucional contra Rabat y dejó la fecha en manos de sus bancadas.

Desde la oposición, Juan Luis Castro (PS) habló el 6 de noviembre de "una interpretación torcida que se ejecutó" y dijo que se trata de "un conflicto al interior del Poder Ejecutivo".

La Confederación Fuerza del Norte convocó a una movilización nacional para este martes. Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones Centro-Sur, dijo que "no hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo en las actuales condiciones".

Piden cambios al Mepco, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, además de eliminar el impuesto específico y revisar los cobros de TAG y peajes. Los organizadores consideran insuficientes las medidas del Gobierno.

El presidente José Antonio Kast anunció dos cosas distintas. Una es un alza de $40 por litro que regirá desde el jueves 12 de noviembre. La otra es un proyecto de ley, con discusión inmediata, para que los aumentos futuros de la bencina y el diésel no superen los $20 por litro durante 90 días. La protesta se produce antes de que el alza entre en vigencia.

La CNDC y la CNTC no se sumaron a la convocatoria. Advirtieron que un paro profundizaría la crisis.

Se desconoce cuánto durarán los cortes y cuánta gente se plegará a la movilización del martes.

Kast hizo el anuncio tras el comité ampliado con los presidentes de los partidos oficialistas, sin preguntas de la prensa. Dijo que el objetivo es que "cualquier alza que se produzca durante los próximos 90 días no supere el límite de $20". Reconoció que implica un "esfuerzo fiscal muy importante", pero sostuvo que dará estabilidad a los transportistas y a las familias. No se informó si el tope de $20 se aplica a cada ajuste semanal o al conjunto del período: se habló de 90 días, no de una frecuencia.

Las cifras de costo vienen del propio Gobierno. Una minuta del Ministerio de Hacienda calcula que el Mepco tuvo un impacto fiscal de $1,1 billones entre agosto y octubre, de los cuales $860 mil millones se destinaron a contener el precio del diésel. El documento no estima cuánto costaría el nuevo tope. Kast afirmó que el Estado subsidia $170 por cada litro de diésel que carga un camión, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el Gobierno evalúa usar "ahorros fiscales" para suavizar futuras alzas.

El anuncio llega con el transporte de carga en tensión por el precio del diésel. La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, encabezada por Cristián Sandoval, convocó un paro nacional desde las 00:00 del martes 10 de noviembre y planteó que "mañana debería estar todo el país paralizado". Se reportaron además manifestaciones de camioneros en el sur. Otros gremios, como la Confederación Nacional del Transporte de Carga y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, anunciaron una reunión en Concepción el miércoles para analizar las alzas, y Sandoval rechazó que representen a los transportistas. No hay confirmación de que el paro vaya a concretarse ni de su alcance.

Según la Dirección General de Aguas (DGA), la estación Río Grande Las Ramadas mantiene un caudal en umbral rojo. La Tercera informó que la estación habría registrado 30,52 m³/s de caudal y 2,456 metros de nivel. Según VLN Radio, con la nueva alerta Senapred canceló la alerta amarilla por crecida que regía en la zona.

El municipio de Monte Patria advirtió que "el río está bajando con importante fuerza en El Tayán", sector de la zona alta de Tulahuén, donde ya hay dificultades en el camino, y que en las inmediaciones de Las Ramadas "está comenzando a salirse de su cauce". El municipio informó al Ministerio de Obras Públicas, responsable de la ruta, y espera que Vialidad intervenga en las primeras horas de la mañana. También señaló que podrían quedar familias aisladas antes de llegar a Pejerreyes, sector que Mi Radio ubica en Río Grande.

Junto con la alerta circularon indicaciones generales ante inundaciones, que los reportes no atribuyen a una institución específica: abandonar las zonas bajas y desplazarse a un lugar más alto, y no intentar cruzar calles, puentes o pasos inundados, a pie ni en vehículo. Si no es posible evacuar, se recomienda subir a pisos superiores y esperar instrucciones. El municipio, por su parte, pidió no acercarse a las riberas y seguir los canales oficiales de información.

Hasta ahora no se ha informado población afectada, evacuaciones ni daños, ni se ha precisado la causa de la crecida.