El origen está en un atajo. Cuando Claude Code pide permiso para ejecutar un comando, el usuario puede elegir «Sí, y no vuelvas a preguntar». La herramienta guarda entonces esa aprobación como una regla en `.claude/settings.local.json`, un archivo dentro del proyecto, según describe la documentación de Anthropic. Según el informe de Apiiro, la regla contiene el comando completo, tal como se escribió: si llevaba una contraseña, queda guardada en el archivo, en texto plano.

Apiiro revisó 104.185 copias públicas de ese archivo en 103.617 repositorios. En 1.122 de ellas, alrededor de un 1,1 %, halló credenciales: 1.379 secretos distintos. El desglose que recoge la Cloud Security Alliance a partir del informe incluye 379 contraseñas de bases de datos, 43 accesos SSH a servidores públicos, 23 claves de AWS y 42 tokens de GitHub, GitLab y npm. Si se suman el historial de Git, la configuración compartida y las conversaciones guardadas del agente, el total sube a 2.539 secretos en 1.994 repositorios, según la misma nota.

Apiiro no probó si las credenciales siguen vigentes. Una de las empresas avisadas confirmó, según la firma, que su clave estaba activa. El hallazgo describe una exposición, no un ataque comprobado.

Boris Cherny, del equipo de Claude Code, respondió en el hilo de Hacker News donde se discutió el informe. Dijo que «.claude/settings.local.json is meant to stay local» y que no es un archivo para subir al control de versiones. Agregó que la herramienta lo excluye de Git automáticamente cuando lo crea, de modo que en estos casos «the files were manually created and checked in»: alguien los creó a mano y los subió. También reconoció que «Historically Claude Code has not done secret scrubbing», es decir, que históricamente la herramienta no ha depurado secretos, y que el equipo busca qué hacer para evitarlo. Recomendó usar el modo automático en lugar de las reglas de permisos y mantener activado el escaneo de secretos en el servidor de código.

Apiiro, por su parte, contó 539 repositorios, de 1.105 rastreados, donde un commit coautorado por Claude modificó el archivo. La documentación de Claude Code describe la protección: al escribir el archivo por primera vez, agrega la exclusión al archivo global de Git del usuario, no al repositorio. La Cloud Security Alliance lo lee así: resguarda solo el equipo donde se creó el archivo, no a quien clone el proyecto ni a un servidor de integración. Según Xataka, Anthropic prueba un escáner de secretos y una detección de fugas en el modo automático, sin fechas.

Para quien ya usó la opción, la nota de la Cloud Security Alliance recomienda dejar de rastrear `.claude/settings.local.json`, sumarlo al `.gitignore` del proyecto y rotar cualquier credencial expuesta antes de limpiar el historial. ITWire agrega que borrar el archivo no elimina los commits anteriores ni las copias en forks o clones. Ambas coinciden en pasar las contraseñas por un gestor de secretos o una referencia en tiempo de ejecución, y no escribirlas dentro de los comandos.

El atajo existe para que el agente trabaje sin pedir permiso a cada paso. Según Apiiro, el resultado fueron más de mil archivos públicos con credenciales; Cherny responde que esos archivos nunca debieron subirse. Queda abierta la pregunta de quién debe evitar que un secreto escrito en un comando termine en un repositorio público: la herramienta, el usuario o ambos.

Garrido señaló que el estudio confirma que el cable es factible y que no encontró impedimentos insalvables. El trabajo lo hizo el consorcio formado por Salience Consulting y Pioneer Consulting, con financiamiento de CAF.

Una opción básica y otra óptima

El estudio plantea dos configuraciones, y la diferencia entre ambas es grande. La básica sería un cable de 1.600 kilómetros que conectaría solo las tres bases chilenas: Frei, O'Higgins y Capitán Prat. La óptima más que duplicaría esa extensión, hasta 4.100 kilómetros, y llegaría a 28 instalaciones científicas, con programas de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Polonia como usuarios ancla, que se suman a Chile, Alemania y Corea, ya contemplados en la etapa base. Además llevaría sensores oceanográficos para vigilar el cambio climático en tiempo real.

Los costos son estimaciones del estudio, no un presupuesto aprobado: US$370 millones para la básica y US$621 millones para la óptima.

El informe describe así la necesidad: las 55 instalaciones de 21 países que operan en la zona tienen hoy una fuerte restricción digital, y se proyecta que su demanda de capacidad de transmisión de datos supere los 59 terabits por segundo (Tbps) hacia 2058.

Lo que falta

La construcción sería escalonada y no inmediata, y el inicio de operaciones se proyecta para 2034. Antes hay tres condiciones por cumplir. Una es la doble tramitación ambiental, bajo la normativa chilena y el Protocolo de Madrid. Otra es un compromiso formal de demanda de los países participantes. La tercera es definir la gobernanza del cable.

Subtel también adelantó que el costo no recaería en las arcas fiscales. El estudio propone recurrir a bancos multilaterales de desarrollo, aportes de los Estados participantes y derechos de uso de fibra a largo plazo, mediante una empresa conjunta o acuerdos contractuales. Garrido ya había dicho en agosto que Chile no financiaría por sí solo ninguna de las dos rutas, porque la Antártica es un territorio multilateral.

El siguiente paso será en diciembre, cuando Subtel presente el estudio al Consejo de Política Antártica, junto con los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa.

Los reparos

La idea no está libre de cuestionamientos. Cuando se conocieron las primeras rutas, en agosto, el diputado republicano Alejandro Riquelme cuestionó que se comprometieran recursos públicos sin una evaluación independiente de alternativas tecnológicas, y señaló que Starlink y OneWeb ya ofrecen conectividad satelital en la Antártica. Dijo temer que el estudio terminara desacreditando esas opciones. Otros parlamentarios y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, celebraron el avance, y Flies destacó que 23 de los 29 o 30 países activos en el continente blanco ingresan por esa región.

Para el usuario común y las empresas, la puerta de entrada es Fable. Está disponible en todas las plataformas, incluidas Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Por la API, el precio normal es de US$8 por millón de tokens de entrada y US$40 por millón de tokens de salida (los tokens son los fragmentos de texto con que estos sistemas leen y escriben). El modo rápido, que según la empresa acelera la generación hasta 2,5 veces, cuesta aparte: US$16 y US$80 por millón de tokens, respectivamente.

Mythos, en cambio, no se compra sin más. Anthropic abre la postulación a profesionales de ciberseguridad, a través de su Cyber Verification Program, y a investigadores de ciencias de la vida, mediante el Life Sciences Verification Program. La compañía lo ofrece a organizaciones examinadas previamente que busquen aplicaciones beneficiosas en ciberseguridad o investigación biomédica, aunque la página no detalla los criterios concretos de selección. Los clientes Claude Enterprise, eso sí, pueden usar Mythos 5.2 dentro de Claude Security sin pertenecer al programa de ciberseguridad.

En cuanto al rendimiento, todo lo que sigue es lo que Anthropic afirma de su propio producto, sin verificación independiente. La empresa dice que los nuevos modelos generan respuestas hasta un 30% más rápido que las versiones 5.1, y que mejoran en programación y razonamiento. Como demostración, Anthropic relata que uno de sus ingenieros partió de una carpeta vacía y que Fable 5.2 coordinó a más de 1.000 subagentes durante ocho días para producir un sistema operativo capaz de arrancar en un portátil. Es un relato de la propia compañía, sin verificación independiente.

Anthropic también afirma que el modelo resolvió dos problemas abiertos de física teórica sobre agujeros negros, y enlaza los resultados en preprints. Es lo que la empresa presenta, no un hallazgo validado de forma independiente.

En las elecciones del 3 de noviembre hubo más de 40 consultas locales sobre centros de datos en Estados Unidos, y según resultados preliminares recogidos por la prensa, los opositores ganaron en casi todas. La excepción fue Harwood, en Dakota del Norte, donde una mayoría rechazó una norma que habría exigido evaluaciones y audiencias públicas para grandes proyectos futuros. Son votaciones locales, algunas consultivas, pero muestran que la infraestructura física de la inteligencia artificial enfrenta resistencia en las urnas de varias comunidades.

Los conteos difieren. Route Fifty habla de más de 40 medidas en 10 estados; la consultora Redbud Consulting contabiliza 45 proposiciones, 44 de ellas del lado contrario a los centros de datos, según Business Insider. Xataka se refiere a al menos 40 referendos. Algunas votaciones son consultivas y no obligan a las autoridades locales. Ohio concentró la mayor cantidad, con cerca de 20 localidades, y también hubo votos en California, Illinois, Kansas, Maine y Nueva Jersey, entre otros. En Emporia (Kansas), los votantes aprobaron con poco más de 60% una prohibición de los centros de datos de "alto impacto".

Harwood tiene unos 940 habitantes, según Xataka, y 430 personas votaron. De acuerdo con la Secretaría de Estado de Dakota del Norte, 325 votos rechazaron la medida y 105 la apoyaron, alrededor de tres cuartos en contra. Era una enmienda a la carta orgánica del municipio que habría exigido evaluaciones independientes y audiencias públicas para futuros proyectos de cierta escala; según Business Insider, no habría afectado al centro de datos ya en construcción. Ese proyecto es un campus de Applied Digital que, según Xataka, costaría US$3.000 millones, tendría 280 MW y sería arrendado por Oracle; Business Insider indica que debería estar listo el próximo año. Applied Digital, parte interesada, no respondió a la consulta de ese medio, y el alcalde, Blake Hankey, dijo haber firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa. Por eso, el resultado de Harwood se lee como el rechazo a una regla que habría hecho más exigentes los proyectos siguientes, no como un respaldo explícito a este.

Como motivos de las votaciones contrarias en otras localidades se citan el efecto en el agua y en las cuentas de la luz, y la falta de transparencia de los acuerdos entre gobiernos locales y desarrolladores. Mark Muro, de Brookings, apuntó a acuerdos "shrouded in nondisclosure agreements" (envueltos en acuerdos de confidencialidad; traducción propia).

Sobre la opinión pública más amplia, Xataka recoge un sondeo que atribuye a Heatmap Pro: 71% se opondría a un centro de datos cerca de su casa, y el apoyo habría caído de 43% a 21%. Aparte, encuestas a boca de urna de NBC indicaron que 56% de los votantes consideró la IA y los centros de datos un factor crucial o importante para su voto.

Hay más votaciones en el horizonte: podría votarse el próximo año una enmienda constitucional en Ohio que prohíba nuevos centros de datos, y se esperan consultas el mes próximo en Arkansas y Dakota del Norte.

OpenAI recibió US$11.000 millones, la primera parte de una nueva ronda de financiamiento, según informó Bloomberg el viernes 6 de noviembre, citando a personas conocedoras de la operación. El dinero fue transferido a la empresa ese mismo día y la ronda la valora en US$1,25 billones, de acuerdo con el reporte.

La cifra queda por debajo de lo que OpenAI perseguía. La meta original era reunir US$30.000 millones o más a una valoración de US$1,4 billones, y la empresa recortó esos objetivos mientras caían las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El mismo reporte señala que la ronda podría llegar a US$20.000 millones en las próximas semanas, es decir, que otros US$9.000 millones aún no están reunidos.

OpenAI no se pronunció en el reporte, que tampoco nombra a los inversionistas que aportaron el dinero. Según esa misma información, la compañía negoció más de un mes esta financiación y había postergado sus planes de salir a bolsa.

Como referencia, el mismo reporte recuerda que en marzo la compañía cerró una ronda de US$122.000 millones que la valoró en US$852.000 millones. La nueva valoración supera esa cifra, aunque queda por debajo del objetivo de US$1,4 billones.

"Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year", escribió Musk, y atribuyó la medida al aumento de la producción del Cybercab. Electrek, que reprodujo el texto, cuestiona esa razón: la planta de Texas tiene más de 10 millones de pies cuadrados de superficie fabril, según Tesla.

Las ventas quedaron lejos de lo que Musk proyectó. Tras el inicio de la producción comercial en 2023, el empresario habló de 250.000 unidades anuales, recordó CBS News. Según Kelley Blue Book, Tesla vendió 20.237 Cybertrucks en 2025, frente a 38.965 el año anterior. El precio inicial fue de 60.990 dólares; el modelo de doble motor parte hoy en 74.990 dólares, tras un alza de 5.000 dólares en agosto, informó Electrek.

Según Electrek, Tesla no informa las ventas de la Cybertruck por separado (las incluye en "Other Models"), por lo que las cifras provienen de estimaciones externas.

El giro se suma a otros ajustes de la línea de productos. Los Model S y Model X dejaron de producirse en abril para liberar la planta de Fremont para el robot Optimus, indicó Electrek. El Cybercab, de dos plazas y sin volante ni pedales, comenzó a producirse en Texas en abril y entró en servicio en Austin en septiembre, según CBS.

El movimiento siguió a un reporte de Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con el asunto: Microsoft habría reforzado la supervisión de algunos proyectos de centros de datos de Nebius, IREN y Nscale, estaría debatiendo internamente si firma nuevos acuerdos de este tipo y se concentraría en ampliar sus propios centros de datos, aunque sin descartar del todo a estos proveedores. El Financial Times informó que Microsoft habría decidido no ejercer una opción que más que duplicaría su contrato de arriendo de cómputo con Nscale en un centro de datos de Texas, según una persona al tanto; el contrato vigente se mantiene. Semanas antes, según Reuters, Microsoft se había retirado de un acuerdo para anclar un campus de Nscale en Loughton, Inglaterra, tras retrasos en la conexión eléctrica. IREN dijo en su reporte de resultados que posterga fechas de entrega de parte de la infraestructura para Microsoft, por pedidos de cambios en el diseño de red, y que no enfrentará penalizaciones financieras.

Un portavoz de Microsoft respondió a Reuters que la empresa construye su infraestructura combinando centros de datos propios y capacidad de terceros, con flexibilidad. Nebius y Nscale no respondieron a la consulta de la agencia.

Las neoclouds importan para la IA porque ofrecen a las grandes tecnológicas capacidad de cómputo que estas pueden contratar en vez de, o además de, construirla; por eso una señal de cautela de uno de sus clientes principales mueve sus acciones.

La caída general del mercado fue más amplia que este reporte: el índice de semiconductores bajó cerca de 12% y las pérdidas se concentraron en acciones de IA y chips. Una hipótesis que circula en la cobertura de mercados es que el temor a mayor regulación de la expansión de centros de datos, tras el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de la semana, pesó en el ánimo de los inversionistas. Es una explicación posible, no una causa confirmada; un analista citado por Yahoo Finance atribuyó el movimiento, en cambio, a fondos que toman ganancias del año.

El organismo chino de revisión de seguridad de inversión extranjera prohibió la adquisición de ABB Robotics por parte de SoftBank Group, según informó el Financial Times y confirmó ABB. La operación, valorada en 5.375 millones de dólares, había sido anunciada hace más de un año.

Fue ABB quien confirmó la decisión a The Robot Report. La empresa suiza señaló que ella y SoftBank "están en estrecho diálogo y trabajando de manera constructiva en la transacción". Es lo único que la empresa ha dicho sobre el futuro de la operación. No se conoce un pronunciamiento propio de SoftBank, y tampoco un documento o comunicado del regulador chino.

El motivo, según el Financial Times, es la preocupación de las autoridades por que datos de robótica se transfieran al extranjero y se usen para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es una explicación atribuida a ese medio: el regulador no ha detallado sus razones públicamente.

Una SPAC es una sociedad que ya cotiza en bolsa y que se fusiona con una empresa privada para que esta pase a cotizar sin una oferta pública tradicional. Es la vía que eligió Agility.

Las cuentas de la compañía contrastan con lo recaudado. Según TechCrunch, Agility perdió US$362 millones en el primer semestre de 2026 y registró ingresos por US$174.000 en el mismo período. La empresa tiene nueve clientes, entre ellos Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada y Mercado Libre. En mayo, cuatro clientes firmaron una prueba de concepto en sus instalaciones por US$500.000.

La apuesta de crecimiento es Digit 5, la próxima generación del robot. La empresa indicó que se presentará en el CES de 2027 y que estará ampliamente disponible a fines de ese año. Agility proyecta US$300 millones en contratos con 30 clientes no identificados; es una proyección, no ingresos asegurados.

TechCrunch titula que Agility es la primera empresa pura de robots humanoides en la bolsa. La propia compañía se describió antes del cierre, en un comunicado, como la única empresa estadounidense cotizada de robótica humanoide pura con despliegues comerciales activos (traducción propia).

Hasta el cierre de esta nota no se había obtenido información sobre el precio de la acción ni su desempeño en la primera rueda.

La extracción directa de litio (DLE, por su sigla en inglés) agrupa tecnologías que sacan el litio directamente de la salmuera, sin dejarla evaporar en grandes pozas como se hace en el método tradicional. Frente a la evaporación en pozas, su ventaja es que evita las pérdidas de agua que esta provoca. Pero el proceso deja una salmuera procesada, cuya composición, temperatura o densidad pueden ser distintas de las de la salmuera original. Devolverla al subsuelo, es decir, reinyectarla, es una de las opciones para manejarla.

Ahí está el punto del trabajo. Según los autores, la salmuera reinyectada puede mezclarse y desplazarse por diferencias de densidad, provocar la precipitación o disolución de minerales, alterar la porosidad y permeabilidad de las formaciones geológicas y, con el tiempo, migrar hacia ecosistemas sensibles como humedales y lagunas. También advierten problemas operativos, como la formación de incrustaciones y el taponamiento de pozos. Por eso los autores vinculan el manejo de estas salmueras con la regulación y con la participación de las comunidades cercanas.

Frente a eso, los investigadores proponen una implementación progresiva: caracterizar bien la línea base hidrogeológica de cada salar, desarrollar balances de agua y de masa y modelos, hacer pruebas de laboratorio y de terreno y luego pilotos antes de escalar. El monitoreo y la gestión adaptativa deberían mantenerse durante la operación y el cierre. En materia regulatoria, plantean condiciones mínimas generales combinadas con indicadores y umbrales ambientales específicos para cada salar, que los operadores demuestren con modelos y monitoreo, y la incorporación de las comunidades y otros actores en la evaluación y las decisiones. Sostienen que un único conjunto de límites no sirve para todos los salares andinos.

El policy paper, titulado «Reinyección de salmueras procesadas en salares andinos», lleva la firma de Santiago Montserrat y Humberto Estay, del AMTC. El artículo científico, «Lithium brine re-injection in salar environments: perspectives for a sustainable implementation of DLE technologies», apareció en la revista Cleaner Engineering and Technology y tiene además como autores a Yarko Niño, también del AMTC; a Julietta Zamora, de la Universidad del Desarrollo; y a Álvaro Henríquez, de Galan Lithium, empresa del sector del litio, de modo que parte del trabajo cuenta con participación de la industria.