La embajada de Estados Unidos anunció el jueves que suspendería sus servicios presenciales y los de todos sus consulados en el país "por motivos de seguridad", sin precisar la naturaleza de la amenaza ni su eventual vínculo con la elección del domingo. Horas después, la embajadora australiana en Brasilia, Sophie Davies, informó en redes sociales el cierre de su propia sede y recomendó a los ciudadanos australianos evitar las instalaciones diplomáticas estadounidenses.

La alerta coincidió con dos operativos de la Policía Federal brasileña, ejecutados el viernes en São Paulo y en Águas Lindas de Goiás, cerca de la capital, en el marco de una investigación sobre un supuesto plan contra la embajada estadounidense. Según el comunicado de la propia Policía Federal, citado por La Tercera, las diligencias se realizaron "en colaboración con agencias de inteligencia extranjeras tras una alerta emitida por la propia sede diplomática estadounidense" y se originaron en "comentarios sospechosos en redes sociales" de dos personas sin vínculo aparente entre sí ni con organizaciones criminales.

La misma Policía Federal advirtió que, "hasta el momento, no se ha verificado ningún elemento que corrobore los riesgos inicialmente indicados". Ninguna autoridad brasileña independiente ni el Departamento de Estado estadounidense confirmaron, hasta el cierre de esta nota, la existencia de una amenaza real.

La suspensión consular llega apenas un día después de que la Corte Suprema brasileña fuera blanco de una falsa alarma de bomba, también atribuida por la Policía Federal a sus pesquisas preventivas en curso, en un clima de tensión que viene escalando desde comienzos de la semana. El jueves anterior, Washington ya había sido señalado por el financiamiento de una campaña dirigida contra el Supremo Tribunal Federal brasileño, el mismo tribunal que juzgó y condenó a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Donald Trump, que no ha ocultado su cercanía con el bolsonarismo, elogió públicamente a Flavio Bolsonaro —hijo del ex presidente— y afirmó que está "observando esa elección muy de cerca". Edinho Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, calificó la suspensión diplomática como "una de las formas que tiene Trump de intentar influir en la opinión pública brasileña" y agregó que, a su juicio, "no tiene ningún sentido".

El resultado es que, a 48 horas de que los brasileños vuelvan a las urnas para decidir quién sucede a Lula da Silva, dos de las principales democracias aliadas de Occidente retiraron parte de su presencia diplomática en el país más grande de América Latina citando un riesgo de seguridad que su propia policía no ha podido todavía confirmar ni descartar.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisó el miércoles que no asistiría: calificó el formato de "infructuoso" por permitir "bromitas" de rivales con poca opción electoral, y usó el horario del debate para dar una entrevista al pódcast Flow. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato de la derecha, se retiró dos horas antes de la emisión. Lo hizo, dijo, en protesta por lo que llamó "la censura vergonzosa" del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esa censura tiene nombre y resolución concreta. La jueza del TSE Estela Aranha prohibió que el debate mostrara el atril vacío de Lula y que los candidatos presentes le dirigieran preguntas en su ausencia, por un "potencial desequilibrio" entre quien no da la cara y quienes sí. Por otro lado, un juez de la Corte Suprema ordenó incorporar al candidato ultra Renan Santos, a quien TV Globo no había invitado. El canal respondió denunciando "inseguridad jurídica" e "injerencia indebida" en la libertad de prensa, y terminó bajando el debate completo.

La frase "justicia al acecho", que circuló en la cobertura de la cancelación, remite a una tensión más amplia entre el Poder Judicial brasileño y la campaña. En ese mismo terreno pesa el antecedente de Jair Bolsonaro, padre de Flávio: el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes confirmó su condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022-2023, y en julio extendió por tiempo indefinido su prisión domiciliaria, oficialmente por motivos de salud.

Según La Tercera, Flávio Bolsonaro se retiró un día antes de que los brasileños vuelvan a votar, en medio de las restricciones del TSE y la orden judicial para sumar a Renan Santos.

Con el debate caído, los brasileños llegan a las urnas sin el último careo televisado entre Lula y el bolsonarismo que su hijo busca encarnar desde el Senado.

El fiscal general de Brasil, Jorge Messias, calificó la injerencia como "no tolerable" y advirtió que la información "es especialmente grave a la luz del proceso electoral de Brasil y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones", en declaraciones del 1 de octubre recogidas por La Tercera. Messias presentó una denuncia penal y pidió a la Policía Federal y a la Fiscalía General que identifiquen a los responsables del financiamiento, a sus destinatarios en Brasil y si el dinero se usó para influir en el debate político e institucional del país, a semanas de las elecciones presidenciales.

El reporte de The Guardian sostiene que el dinero proviene de 43 adjudicaciones del Fondo de Derechos Humanos y Democracia, por un total de 176,9 millones de dólares. Entre esas adjudicaciones figuran, además de la iniciativa brasileña, un fondo de 40 millones de dólares contra el "comunismo" y apoyo a un grupo que defiende los derechos de la minoría afrikáner en Sudáfrica, a la que la Administración Trump ha calificado, sin sustento, como víctima de un "genocidio". Hasta el cierre de esta nota, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado habían respondido públicamente a la revelación, y el STF tampoco se había pronunciado de forma oficial.

El episodio se suma a una serie de fricciones entre Washington y el Poder Judicial brasileño. Estados Unidos ya había revocado visas a autoridades judiciales brasileñas vinculadas al proceso contra el ex presidente Jair Bolsonaro, en momentos en que la Administración Trump buscaba que esa causa fuera desechada. También había sancionado antes a un ministro del STF que lidera ese caso. El financiamiento ahora denunciado se inscribe en esa misma línea: es la continuación de una presión sostenida del gobierno estadounidense sobre el tribunal que juzga a un aliado político de Trump en la región.

Qué tan lejos llegue este financiamiento, y si Brasil logra establecer con precisión el destino final de los fondos, dependerá de una investigación que recién comienza.