"El Primer Comando Capital PCC está operando en Chile y ya desde 2019. Tenemos integrantes del PCC detectados en las cárceles de Arica a Punta Arenas", afirmó Barros, según consignó BioBioChile.

El fiscal precisó que hay 20 integrantes de esta organización criminal formalizados y al menos 30 detectados, aunque sostuvo que "seguro son más". La declaración se dio en el contexto de la Operación Sintonía 1533, que terminó con 7 personas detenidas, 24 domicilios allanados y 9 centros penitenciarios registrados.

El PCC es la mayor organización criminal brasileña, con presencia reportada en distintos países de la región. Barros situó su llegada a Chile en 2019, aunque no detalló en la entrevista en qué recintos penitenciarios específicos se concentra la presencia detectada ni ofreció un desglose regional de los 30 integrantes mencionados.

"Si tenemos estos tiempos, que en total el flujo completo es de 28 días, no estamos llegando lo suficientemente a tiempo", dijo Contreras ante la comisión, según consignó Cooperativa. El director subrogante desglosó dónde se va ese tiempo: la preparación de la solicitud por parte del analista de la UAF toma en general 10 días; el paso por la división jurídica para redactar la petición y contactar al ministro de la Corte respectiva suma en promedio dos días hábiles; y la entrega de antecedentes por parte de los bancos requeridos toma 12 días hábiles adicionales. La UAF opera hoy con 83 funcionarios en todo el país.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, coincidió con el diagnóstico y fue más allá: "la agilización tiene que ser en la etapa administrativa", planteó en la misma sesión, apuntando a que el cuello de botella no está en la autorización de un juez sino en los pasos previos que la UAF y los bancos deben completar antes de llegar a tribunales.

El proyecto que se tramita en la Comisión Mixta busca crear un Subsistema de Inteligencia Económica que amplíe las funciones actuales de la UAF —hoy centradas en prevenir el lavado de activos— para que la unidad pueda seguir también los flujos financieros del crimen organizado. Esa ampliación implicaría procesar más reportes y, según se desprende de la propia exposición de Contreras, podría exigir más personal del que la UAF tiene hoy.

Esa iniciativa llegó a Comisión Mixta después de que el Senado rechazara en junio, con un triple empate de 24 votos contra 24, la norma que habría permitido a la UAF solicitar el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, sin autorización judicial previa. Esa es precisamente la discusión de fondo que persiste en la instancia, presidida según fuentes de prensa por el senador Karim Bianchi: si la UAF debe poder acceder a información bancaria sin pasar primero por un tribunal, o si esa vía debe mantenerse exclusivamente judicial.

La sesión del 23 de septiembre mostró el desacuerdo entre el Gobierno y parte de la oposición sobre ese punto. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había planteado días antes, el 22 de septiembre, su oposición a la vía administrativa: "con la justificación del crimen organizado, podríamos acceder a toda la información de las personas. Abrir esa puerta nos parece riesgoso", sostuvo, y agregó que no existe ninguna investigación que se haya visto frenada porque los tribunales no decretaran el levantamiento del secreto bancario. El diputado Jaime Araya (bancada PPD) le respondió con dureza en la misma comisión: "es peligrosísimo que el ministro de Seguridad se oponga a una herramienta que permite seguir y destruir el patrimonio del crimen organizado".

El senador socialista Juan Luis Castro, que también intervino en la sesión, puso el acento en la cifra de 87 denuncias diarias para argumentar que la UAF necesita más dotación de personal para poder enfrentar al crimen organizado con la capacidad actual. El senador comunista Daniel Núñez, en tanto, había planteado en junio —cuando se rechazó la norma en el Senado— que "hay que darle más herramientas al Estado, más atribuciones, y en ese sentido hubiésemos esperado que obviamente se levantara, se aprobara esta medida que implica que la Unidad de Análisis Financiero en forma administrativa pueda levantar el secreto bancario".

Contreras informó además que la UAF está adquiriendo un servidor de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y velocidad de procesamiento de sus investigaciones financieras, una medida que apunta al mismo problema de fondo que las cifras expuestas: una unidad que procesa un volumen alto de alertas diarias con una dotación acotada.

Las audiencias en la Comisión Mixta continuarán hasta octubre, según lo expuesto en la sesión, antes de pasar a votación en particular. El resultado de esa votación definirá si la UAF gana o no la facultad de actuar sin pasar primero por un tribunal — el punto que, según sus propios directivos, explica la mayor parte de la demora actual.