El fiscal regional Rodrigo Peña explicó que la actividad principal del grupo era el secuestro extorsivo y que usaba computadores y otras herramientas tecnológicas para cometer fraudes de forma rápida. El prefecto Javier González, jefe de la PDI en el Maule, estimó los montos defraudados en más de $1.000 millones a partir de los bienes incautados hasta ahora. Además de los vehículos, se decomisaron armas, droga, dinero y equipos tecnológicos. Además se solicitó la enajenación de tres propiedades.

Lo que más llama la atención es la modalidad. González describió un equipo con un software que permitía sacar sumas importantes de la cuenta de una persona sin que esta entregara dato alguno, y que habría servido para obtener las claves necesarias para el fraude digital. Peña añadió que, según se maneja, una víctima podía perder hasta $100 millones en unas 20 transacciones, aunque lo planteó como una referencia general y no como un caso comprobado. Las autoridades no detallaron cómo funcionaba el sistema.

González indicó que la mayoría de los detenidos son chilenos, algunos con antecedentes, y que la banda llevaba al menos seis meses operando. La PDI también investiga posible lavado de activos.

Los detenidos serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Curicó, donde se conocerán los cargos concretos y más detalles de la investigación.

El cierre largo comenzó el 15 de julio, según informó la Delegación Presidencial del Maule, y se debió a las nevadas del invierno: en algunos sectores de la ruta CH-115 la nieve superaba los cuatro metros de altura. Según la Delegación, Vialidad confirmó que los trabajos de despeje devolvieron la transitabilidad del camino.

La reapertura se celebró en San Clemente con el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto; el gobernador, Pedro Álvarez-Salamanca; el alcalde Juan Rojas; el intendente de Malargüe, Celso Jaque, y representantes de Carabineros, PDI, Aduanas, SAG, Obras Públicas y la Unidad de Pasos Fronterizos. "Invitamos a todas las personas a transitar entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde", dijo Prieto. Un medio mendocino agrega que el ingreso a Chile desde Argentina se extiende hasta las 20:00, según el clima y el estado del camino, y que las autoridades advirtieron por hielo, nieve y caída de rocas.

Las autoridades hablaron de inversiones por más de $490 millones, entre iniciativas en distintas etapas. Se detallaron más de $91 millones para un escáner financiado por el Gobierno Regional, $95 millones para mejorar la sala de ingreso a Chile, $90 millones en arriendo de maquinaria para despejar la CH-115 y cerca de $20 millones en mantenciones menores. Esas partidas suman unos $296 millones; el resto del total no se desglosó. Álvarez-Salamanca destacó que el escáner busca reducir los tiempos de espera y realizar las pesquisas correspondientes. La videovigilancia y la compra de un minicargador para despejar nieve siguen en licitación.

Para qué sirve el paso lo resumieron dos de los asistentes. Rojas: "El Pehuenche es complementario a Los Libertadores". Jaque lo llamó "el paso alternativo al Cristo Redentor". La idea viene de antes. Hasta abril de 2019 el Pehuenche solo recibía pasajeros por falta de infraestructura aduanera; ese mes se inauguró el cruce de carga pesada, con unidades selladas, cargas peligrosas como gas y petróleo, y camiones en lastre, y se esperaban unos 40 camiones diarios. Entonces el Cristo Redentor recibía más de 2.500 vehículos al día, 40% de ellos de carga, y la ruta del Pehuenche estaba pavimentada desde 2017.

Su calendario lo manda el invierno. En diciembre de 2023 la Unidad de Pasos Fronterizos informó una reapertura el 16 de ese mes, y en 2024 el complejo volvió a abrir el 31 de octubre: según la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, durante el primer fin de semana largo pasaron cerca de 1.200 personas en unos 200 vehículos. Esta vez la reapertura llegó más tarde que en 2024, pero antes que en 2023.

Los transportistas ya habían puesto el foco en la carga. El 3 de agosto, con Los Libertadores cerrado bajo siete metros de nieve, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, pidió habilitar el Pehuenche de forma definitiva. Dijo a Diario Financiero que faltaba poca inversión (un estacionamiento para revisar la carga, presencia de servicios del Estado y equipos quitanieves) y que el Estado ya había invertido US$160 millones en la ruta. Lo anunciado ahora incluye una sala de ingreso mejorada, un escáner y un minicargador en licitación.

VLN Radio relata que el concejal limpiaba un terreno particular y realizaba una quema de basuras cuando el fuego, según esa versión, se descontroló y se extendió a una zona de bosque. La superficie afectada tiene dos estimaciones distintas: VLN Radio habla de unos 400 metros y MusicayNoticias, otro medio de la zona, de unos 300.

Según VLN Radio, el concejal fue detenido el domingo por la tarde y pasó la noche en la tenencia de Hualañé. Al día siguiente lo presentaron ante el Tribunal de Garantía de Licantén, y el medio informa que allí la fiscal jefe de la comuna confirmó la formalización y la medida cautelar: firmar una vez al mes ante Carabineros mientras dure la investigación. Cuando llegaron Carabineros y Conaf, añade, las llamas ya estaban extinguidas.

VLN Radio habla de un incendio forestal; MusicayNoticias lo presenta como una infracción a la Ley de Bosques, por una quema hecha sin las autorizaciones correspondientes y de forma presuntamente negligente. La formalización no establece que el concejal haya provocado el incendio, y se presume su inocencia. Ninguno de los dos medios recoge su versión ni la de su defensa, por lo que esa parte del caso sigue sin conocerse.

Como política general de la Fiscalía, VLN Radio informa que la Fiscalía Regional del Maule ha reiterado su "tolerancia cero" con quienes provoquen incendios forestales, sea de manera dolosa o culposa. El medio agrega que, en la temporada anterior, la Fiscalía Regional detuvo y procesó a 67 personas por estos delitos.

Completan esa lista la argentina Florencia Fernández, cuarta, y Romina González, quinta. Fundación Caissa, que impulsa She Plays, había presentado el circuito como una forma de cuestionar la idea de que el ajedrez es cosa de hombres y de animar a más niñas y mujeres a jugar.

El viernes 6 de noviembre, en la Plaza de Armas de Talca, se disputó el primer Torneo Interescolar por Equipos "Carlos Silva Sánchez". La organización informó que se inscribieron más de 150 estudiantes de enseñanza básica y media del Maule, y que hubo representantes de nueve establecimientos municipales de Talca. El torneo rindió homenaje a Silva Sánchez, ajedrecista talquino a quien la fuente describe como cinco veces campeón nacional.

El festival lo organizaron la Municipalidad de Talca, Fundación Caissa, el Centro de Estudios del Deporte (CEDEP), la Corporación Municipal de Deportes y el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Roberto Alarcón, presidente de Fundación Caissa, indicó que el trabajo se venía preparando desde marzo y que "ha salido todo muy bien". Mariana Fuentes, directora de Secplan, que representó al alcalde Juan Carlos Díaz, destacó la alta participación. Cori valoró la organización, el hospedaje y el apoyo municipal a la participación femenina.

La cita local forma parte de la Noche de Museos 2026, una jornada nacional en que museos y espacios culturales de todo Chile abren sus puertas ese mismo viernes 13, desde las 17:00 y con entrada gratuita. El anuncio municipal no menciona costos ni inscripción para la actividad de Cauquenes.

El horario de Cauquenes no contradice esa apertura nacional: las 17:00 marcan el inicio general de la jornada y las 20:30 es la hora que el municipio fijó para su programa en el Museo Histórico y Cultural.

En el conjunto de la jornada nacional, algunos panoramas tienen cupos limitados y requieren inscripción previa. La programación completa puede revisarse en nochedemuseos.cl, plataforma que permite filtrar por región, comuna, tipo de espacio y horario. No fue posible confirmar el recinto de Cauquenes en esa plataforma; el programa corresponde al anuncio municipal, por lo que conviene confirmar los detalles con el municipio.

Según la Fiscalía, la decisión se tomó en una reunión del Comité Regional de Investigación de Incendios Forestales, que encabezó el fiscal regional Rodrigo Peña y en la que participan Carabineros, la PDI, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Bomberos y la Corporación Chilena de la Madera (Corma). "La fiscalía ya se ha activado y está preparada para esta temporada", dijo Peña, y agregó: "vamos a tener tolerancia cero con este tipo de situaciones".

Peña explicó que instruyó que dos fiscales vean estos casos de forma preferente, con el objetivo de reunir pruebas para llevar a tribunales a quienes inicien incendios, de forma dolosa o culposa. Las autoridades también pidieron a la comunidad estar atenta y denunciar a tiempo, considerando que se esperan altas temperaturas.

Las cifras que explican la urgencia

Entre noviembre de 2025 y abril de 2026 hubo 64 detenidos por estos hechos en el Maule, según detalló la Fiscalía. El director regional de Conaf, Carlos Daziano, recordó en la reunión que "el 99,7% de los incendios los provocan las personas", y planteó que identificar a los responsables y buscar acciones punitivas sirve para desincentivar nuevos incendios.

Si casi todo incendio tiene un origen humano, buena parte de la prevención y de la persecución penal gira en torno a cómo se usa el fuego, sobre todo en el campo. La figura de fiscales especializados no es una ocurrencia local. Un oficio de la Fiscalía Nacional de diciembre de 2023 instruyó a los fiscales regionales a designarlos y a reunirse con Conaf, Carabineros, PDI y Bomberos antes de cada temporada. Ese documento fija además el período estival de incendios entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

¿Qué dice la ley sobre quemar?

La norma central es la Ley de Bosques (decreto supremo 4.363 de 1931), cuyo artículo 22 fue reemplazado por la Ley 20.653, publicada el 2 de febrero de 2013. El texto de la Ley 20.653 establece, en lo que importa aquí, dos situaciones. Ese texto distingue dos situaciones:

– Uso del fuego contra la ley, aunque no haya incendio. El empleo del fuego "en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos", si no se sigue un incendio, está sancionado con pena de presidio y multa. – Rozar a fuego y destruir bienes. Quien roza a fuego, es decir, quema vegetación para despejar un terreno, infringiendo las normas y destruye bosques, pastos, plantíos, ganado, construcciones u otros bienes de terceros, o daña gravemente el patrimonio forestal del país, arriesga una pena de presidio y una multa más altas que en el primer caso.

El mismo texto incorpora, en el artículo 22 ter, el caso del descuido: quien, por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego o de otras fuentes de calor en zonas rurales o en terrenos de uso público, provoque un incendio que dañe esos mismos bienes, arriesga presidio y multa.

Qué viene

Según la Fiscalía, los dos fiscales designados verán estos casos de forma preferente y reunirán pruebas para llevarlos a tribunales. La Fiscalía y las demás autoridades del Comité pidieron además a la comunidad estar atenta y denunciar a tiempo, ante las altas temperaturas que se esperan.

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Todo nació de un reporte de la Contraloría, que detectó 180 salidas del país durante licencias médicas; según el municipio, los procedimientos de esos años fueron instruidos por ese organismo. El municipio revisó la lista y concluyó que correspondían a 140 funcionarios, porque algunos habían registrado más de un viaje. La información disponible no detalla qué ocurrió con los otros 14 casos. El director jurídico municipal, Felipe Canteros, confirmó esas cifras y explicó que cada caso se examinó de forma individual.

Esa revisión caso a caso dejó fuera a algunas personas. El municipio sobreseyó a trabajadores cuya situación tenía que ver con enfermedades graves, tratamientos médicos, embarazo o licencias pre y posnatal. El alcalde George Bordachar indicó que la investigación distinguió las circunstancias de cada funcionario.

Entre los destituidos, algunos apelaron y, según el municipio, los tribunales mantuvieron las sanciones. Un grupo de extrabajadores, además, presentó recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca para impugnar las medidas; hasta ahora no se ha informado su resolución.

El proceso podría no cerrarse aquí. Según el municipio, la Contraloría identificó otros 29 funcionarios con viajes durante licencias de 2025, y sus antecedentes pasaron a los fiscales administrativos, donde la investigación está en etapa inicial.

La concejala Paula Retamal dijo que "entiendo que lo que sucede acá es que había arriendos impagos", y anunció que "el lunes vuelve a atender nuestra clínica odontológica con normalidad", es decir, el 9 de noviembre. No se informó cómo se recuperaría el inmueble, y hasta ahora no se conoce el monto de la deuda, el arrendador ni el tribunal que dictó la orden.

El concejal Patricio Mena afirmó que el Concejo sabía de la deuda: "Nosotros teníamos conocimiento de que existía una deuda y que se estaba negociando el pago de esta". Mena dijo que pedirá al alcalde Juan Carlos Díaz que remueva al director de la Corporación de Desarrollo, y que "claramente, hay un problema grave de administración". Retamal, por su parte, pedirá un informe financiero al gerente ejecutivo de la Corporación en el próximo consejo.

Clara Arévalo, secretaria del gremio de trabajadores de farmacias municipales, atribuyó la situación a la "mala administración" en la gestión de la Corporación, y afirmó que 19 funcionarios de la farmacia municipal contigua fueron despedidos entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre. No se conoce una respuesta de la Corporación a estas acusaciones.

El alcalde (S), Luis Reveliño Alarcón, explicó que había pedido el arqueo, un recuento de los fondos efectivamente disponibles para compararlos con los registros contables. "Hoy hemos podido detectar que faltan recursos públicos", señaló.

Según el municipio, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y se instruyó un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

El asesor jurídico, Héctor Hernández, indicó que los hechos podrían constituir malversación de caudales públicos u otro delito, y que corresponderá al Ministerio Público determinarlo.

La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI en Talca y la Municipalidad informaron la desarticulación de un presunto casino clandestino en las inmediaciones del terminal de buses de la ciudad. Fueron detenidas cinco personas y se incautaron 27 máquinas tragamonedas y $1.493.000 en efectivo. Por instrucción del Ministerio Público, los cinco quedaron en libertad con apercibimiento, conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

Los detenidos son dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad. Además de las máquinas y el dinero, los funcionarios retiraron un DVR del lugar. El procedimiento se enmarcó en diligencias investigativas y fiscalizaciones destinadas a detectar juegos de azar ilegales. No se informó la hora ni el día exacto del operativo, ni la dirección del local.

Hasta ahora tampoco se ha dado a conocer una formalización ni qué delito o infracción específica se investiga; solo se habla de una actividad presunta y de posibles infracciones a la legislación sobre juegos de azar. Los hechos se conocieron este jueves 5 de noviembre.