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Martes, 10 de noviembre de 2026
Nacional

El Congreso despacha la flexibilización de los SLEP y estira el calendario de traspasos hasta 2035

La Cámara aprobó por 76 votos a favor el proyecto que modifica la Ley 21.040: da al Presidente margen para postergar traspasos y permite que municipios con buen desempeño conserven sus colegios más tiempo.

Escuela pública de ladrillo con una bandera chilena y la cordillera de fondo, sin personas.
Imagen ilustrativa generada con IA; no corresponde a un establecimiento real.

Los municipios que aún administran sus colegios tendrán más margen para seguir haciéndolo. El lunes 9 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto que modifica la Ley 21.040 y ajusta el calendario de los 12 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que todavía no entran en funcionamiento. La votación en general fue de 76 a favor, 36 en contra y 2 abstenciones.

Como el Senado ya lo había aprobado, la iniciativa quedó despachada a ley, a la espera de su promulgación. Según se informó, el calendario de traspasos llega hasta el 31 de diciembre de 2035.

Un SLEP es el sostenedor que recibe los colegios que hasta ahora administran los municipios, dentro del sistema de educación pública que creó la Ley 21.040. Al 3 de noviembre, BioBioChile contabilizaba que 169 de las 345 comunas del país ya habían traspasado sus establecimientos.

El proyecto cambia las reglas de esa transición. El Presidente de la República podrá postergar traspasos que no estén listos. En la versión que el Senado informó en octubre, esa postergación es de hasta un año, por un decreto fundado de los ministerios de Educación y Hacienda dictado hasta cuatro meses antes de la fecha fijada.

Para los municipios con buen desempeño, el cambio es la posibilidad de quedarse más tiempo con sus colegios. Esa versión del Senado los autoriza a mantenerlos año a año, de forma renovable, si sus resultados de aprendizaje superan los del SLEP de su territorio y están al día en sus obligaciones previsionales. Para pedir la postergación del traspaso, además, bastaría cumplir uno solo de los criterios de calidad pedagógica en lugar de todos.

Las fechas no coinciden entre las versiones disponibles. En la que describió el Senado en octubre, la entrada en funcionamiento de los 12 servicios pendientes tiene un tope improrrogable al 31 de diciembre de 2030, y el Presidente puede modificar ese calendario una sola vez. Tras la votación del lunes, BioBioChile, CNN Chile y La Tercera informan el 31 de diciembre de 2035 como límite del calendario de los 12 servicios, mientras que Puranoticia lo presenta como el año en que los municipios que postergaron deben completar el traspaso.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el cambio con el argumento de que lo importante es "generar las condiciones para que los traspasos se hagan de mejor manera", y planteó que los municipios con buen desempeño que quieran mantener sus establecimientos más tiempo deberían poder hacerlo.

Desde la oposición, el reparo fue que el texto es más que un cambio de agenda. "Lo venden como un cambio de calendario, pero es una modificación mucho más profunda al sistema", dijo la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio), quien además presentó reserva de constitucionalidad sobre dos artículos y advirtió que "fomenta la fragmentación y la segregación". Marcos Barraza (PC) objetó que la iniciativa "entrega al Presidente de la República la facultad de postergar, por decreto, hasta por un año, los traspasos educativos". El democratacristiano Héctor Barría cuestionó el momento: "no podemos improvisar con un proyecto de ley, en noviembre", y habló de incertidumbre para las familias.

En el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo que los SLEP "no han dejado ninguna mejora medible en la calidad de la educación", y Juan Carlos Beltrán (RN) afirmó que, antes de entregar las escuelas a un nuevo sostenedor, hay que asegurarse de que tenga las condiciones necesarias. La oposición pidió votar por separado algunas normas, y todas fueron aprobadas.

Con la reserva de constitucionalidad presentada, queda por ver si el texto llega al Tribunal Constitucional antes de su promulgación.