Memorándum con OpenAI: según La Tercera, no obliga a comprar ni compromete infraestructura en Chile
Según La Tercera, el texto del acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI crearía un grupo de trabajo sin poder de contratar y no incluiría protocolos específicos para datos de ciudadanos.
El memorándum «OpenAI for Chile», que el Ministerio de Ciencia hizo público el martes 17 de noviembre, no compromete inversión ni compras, según explicó OpenAI, y no obliga al Estado a contratar servicios, según el informe de La Tercera sobre el documento. La ministra Ximena Lincolao lo firmó con la empresa en California, en el marco de la conferencia Silicon Valley & The World de Semafor, y los detalles de lo que aportará cada parte se acordarán después.
Según el informe de La Tercera, la cooperación abarca tres áreas: explorar el uso de tecnología de OpenAI en la gestión administrativa del Estado, formar a funcionarios públicos (alfabetización digital, perfeccionamiento y reconversión, con talleres y un modelo de instructores internos) y apoyar emprendimientos de inteligencia artificial con acceso a programas, mentorías y conexiones con universidades y organismos públicos. El texto menciona, según el medio, productos como ChatGPT Work, Codex, ChatGPT Edu y una herramienta de ciberseguridad llamada Daybreak, pero condiciona su disponibilidad en Chile a requisitos de elegibilidad, autorizaciones y acuerdos definitivos, y no indica qué organismos los usarían.
El memorándum crearía además, según el medio, una fuerza de trabajo conjunta entre el ministerio y OpenAI, el «Joint Task Force». Se reuniría cada mes en la etapa inicial y podría recomendar iniciativas, pero no podría modificar contratos, comprometer financiamiento ni autorizar el acceso a productos. Las partes buscarían un plan de trabajo con organismos, casos de uso, responsables, plazos e indicadores.
En lo jurídico, el reporte indica que el documento no genera obligaciones vinculantes, salvo las referidas a comunicaciones públicas y confidencialidad. Según el medio, tampoco adjudica contratos públicos, ni establece exclusividad ni es un compromiso de compra. Cualquier servicio, licencia, uso de API o capacitación requeriría instrumentos contractuales aparte, y su ampliación dependería de recursos, procesos de compra pública, factibilidad técnica y autorizaciones. Sobre el dinero, el memorándum no especifica, según el medio, «una inversión total, una compra mínima ni una asignación garantizada de financiamiento».
En materia de datos, el reporte describe un texto general: señala que las actividades deben considerar la legislación vigente, la supervisión humana, la privacidad, la protección de datos personales y la seguridad, y que antes de implementar o ampliar cada iniciativa las partes deben definir controles y evaluaciones para ese caso de uso. No incluiría protocolos específicos para datos de ciudadanos, condiciones técnicas de almacenamiento ni mecanismos de fiscalización.
Sobre infraestructura, La Tercera cita el documento: «Este memorándum de entendimiento no establece ningún compromiso de contar con infraestructura ubicada en Chile».
La cláusula de confidencialidad, una de las pocas que sí obliga según La Tercera, exigiría a cada parte proteger la información no pública que reciba y usarla solo para los fines del acuerdo. Admitiría excepciones, como la información ya pública u obtenida legítimamente de terceros, y permitiría divulgar datos por obligación legal, orden judicial o exigencias de transparencia, con aviso previo cuando la ley lo permita.


