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Sábado, 21 de noviembre de 2026
Nacional

Data centers: el Gobierno anuncia una mesa para acelerar permisos mientras seis proyectos habrían consultado si deben evaluarse ambientalmente

La Mesa Permanente de Data Centers presentaría sus avances al Comité Económico el 26 de noviembre; Medio Ambiente sería solo invitado y seis proyectos habrían consultado al SEA si deben evaluarse.

Data center con generadores diésel y estanques de combustible en la periferia de Santiago
Imagen generada con IA; no es una fotografía real

El Gobierno anunció una Mesa Permanente de Data Centers, presidida por el Ministerio de Ciencia, para recortar los tiempos de aprobación de estos proyectos. Sesionaría cada semana desde el 16 de noviembre y presentaría sus avances al Comité Económico de ministros el 26 de noviembre. El anuncio coincide con seis proyectos que, según el conteo de El Desconcierto, consultaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) si necesitan pasar por evaluación ambiental.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, presentó la instancia junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. Lincolao planteó que la tramitación de estos proyectos puede extenderse hasta tres años y dijo: "Queremos remover las barreras burocráticas". El Ministerio de Economía tendría la secretaría ejecutiva. Participarían Energía, Vivienda y Bienes Nacionales, y representantes privados, entre ellos la Asociación de Data Centers. Medio Ambiente no sería integrante permanente: el anuncio lo contempla como invitado para aportar criterios de sostenibilidad. Por ahora no hay metas cuantificadas de reducción de plazos ni cambios legales anunciados, y Redimin advierte que la mesa no modifica por sí misma las exigencias legales y ambientales.

La otra mitad de la historia está en el SEA. Una consulta de pertinencia es el trámite con que un titular pregunta si su proyecto debe ingresar al sistema de evaluación; su resolución no autoriza construir ni reemplaza una evaluación de impacto ambiental. Las seis consultas son de data centers con almacenamiento de combustible de entre unas 500 y cerca de 1.000 toneladas, en Puente Alto (756), Lampa (511), Cerrillos (696), Buin y Valparaíso, según ese medio. Un conteo anterior de Redimin, de septiembre, sumaba siete expedientes, dos de ellos modificaciones de proyectos que ya tenían calificación ambiental: la cifra cambia según la fecha y el criterio de conteo.

Según El Desconcierto, el cambio normativo detrás de esas consultas es el decreto N.º 17 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el 21 de enero de 2026. Elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que obliga a ingresar al sistema de evaluación; un proyecto bajo ese límite puede quedar fuera por esa causal, aunque podría tener que evaluarse por otras.

El caso más visible es el de Google en Cerrillos. Su diseño original, que extraía hasta 169 litros de agua por segundo del acuífero Santiago Central, fue parcialmente anulado en febrero de 2024 por el Segundo Tribunal Ambiental, que advirtió que no se había considerado el cambio climático. En julio de 2026, según el reportaje, la empresa presentó un proyecto de US$200 millones con enfriamiento por aire y casi 700 toneladas de diésel para sus generadores de respaldo. El SEA dio luz verde a esa consulta (expediente PERTI-2026-7923) y el proyecto quedaría sin evaluación, reportó El Desconcierto. Google no respondió a las consultas del medio.

Las organizaciones Mosacat y OLCA presentaron un escrito pidiendo evaluación ambiental. Su vocera, Tania Rodríguez, advirtió riesgos de derrame de diésel y emisiones, y la directora de Terram, Flavia Liberona, calificó la reforma de "chipe libre" para los data centers.

Del lado del Gobierno, el argumento es la lentitud: la mesa busca coordinar a los organismos que intervienen y despejar trabas, con la Asociación de Data Centers sentada entre sus integrantes privados.

El 26 de noviembre el Comité Económico recibiría los avances de la mesa. Lo que ocurra desde ahí mostrará si la aceleración se queda en coordinación entre ministerios o llega a las reglas que definen qué proyectos se evalúan.