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Lunes, 16 de noviembre de 2026
Nacional

Curicó: 23 imputados quedan en prisión preventiva por una presunta red de estafas telefónicas y secuestros extorsivos

La Operación Interferencia dejó 35 detenidos y 23 imputados en prisión preventiva; el Ministerio Público calcula un perjuicio superior a $1.600 millones.

Composición con un teléfono móvil que muestra una pantalla bancaria ficticia, sobre un fondo con un vehículo y cinta de la PDI.
Composición generada con IA a partir de fotografías de Wikimedia Commons: teléfono (彭嘉傑, CC BY-SA 4.0) y exhibición de la PDI en Santiago, 2017 (Rec79, CC BY 4.0). Composición con inteligencia artificial. La fotografía de la PDI es de archivo (Santiago, 2017) y no corresponde a la investigación de Curicó; la pantalla del teléfono es ficticia.

Un tribunal de Curicó decretó prisión preventiva para 23 integrantes de una presunta organización dedicada a estafas telefónicas y secuestros extorsivos, que la Fiscalía Regional del Maule y la PDI dicen haber desarticulado en la llamada Operación Interferencia. La Fiscalía informó 35 detenidos en el caso; indicó que los demás quedaron con otras medidas, como arresto domiciliario y arraigo nacional.

El operativo se conoció el martes 10 de noviembre, cuando se informaban 32 detenidos. La audiencia de formalización duró cerca de dos días. El fiscal Rodrigo Pizarro indicó que el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público para los 23 imputados en preventiva.

La organización habría operado desde 2024 y, según el subprefecto Roberto Cornejo, jefe de la BIRO Curicó, habría obtenido ganancias ilícitas por más de mil millones de pesos. El Ministerio Público calculó además un perjuicio a las víctimas superior a los $1.600 millones, con más de 60 afectados y al menos seis secuestros extorsivos. Son cifras distintas: una mide lo que habría ganado la red y la otra lo que perdieron las personas defraudadas.

El fiscal regional Rodrigo Peña explicó que los integrantes habrían obtenido datos personales y bancarios mediante engaños telefónicos y luego habrían hecho transferencias a cuentas de terceros; algunos habrían recurrido al secuestro extorsivo contra quienes no entregaban el dinero. Según Peña, las víctimas estaban en distintas regiones del país. El inspector Javier González, de la PDI, dijo: «Se habla de que en 20 transacciones le pueden sacar hasta 100 millones de pesos a una persona».

La investigación duró unos seis meses y comenzó en mayo, según Pizarro. Además de las estafas y los secuestros, la Fiscalía investiga tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y lavado de activos. Según la información difundida por la Fiscalía y la PDI, se incautaron 14 vehículos, en su mayoría de alta gama, más de 130 dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y una «granja de teléfonos» cuyo uso será analizado. González añadió que se pidió la enajenación de tres inmuebles.