Oposición acusa al Gobierno de buscar “control” sobre la Fiscalía vía Presupuesto 2027
El diputado Marcos Ilabaca calificó de "inconstitucional" la división de los recursos del Ministerio Público en dos programas; el Fiscal Nacional Ángel Valencia calificó la situación de "gravísima".
El diputado socialista Marcos Ilabaca acusó este 8 de octubre al Gobierno de buscar un mayor control sobre el Ministerio Público a través del proyecto de Presupuesto 2027, al dividir por primera vez los recursos de la Fiscalía en dos programas separados —uno de ellos exclusivo para la Fiscalía Supraterritorial— y restringir así su capacidad de reasignar fondos internamente sin autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Ilabaca calificó la norma de "inconstitucional": "No puede el Ejecutivo, a través de las modificaciones presupuestarias, tener control sobre un órgano autónomo constitucionalmente", dijo, y agregó que "lo que busca el Gobierno es controlar, en particular, la Fiscalía Supraterritorial".
El reclamo del diputado del Partido Socialista se apoya en dos datos concretos. Primero, un recorte de 1.500 millones de pesos a la Fiscalía Supraterritorial. Segundo, un desajuste entre lo que exige la ley vigente y lo que contempla el proyecto de Presupuesto: según sostuvo Ilabaca, la normativa obliga a contratar 20 nuevos fiscales durante 2027, pero el proyecto solo financia 8 en junio y los 12 restantes en diciembre. "El año 2027 no existe refuerzo para el Ministerio Público", sostuvo el diputado, por el retraso en la implementación de esos cargos.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, calificó la situación de "gravísima" y coincidió con el diagnóstico de fondo: la nueva estructura en dos programas limitaría la capacidad del Ministerio Público de reasignar recursos propios durante el año sin pasar por la Dipres, lo que en la práctica reduce el margen de maniobra de un organismo que la Constitución define como autónomo del Ejecutivo.
Desde la vereda oficialista, el diputado republicano Fernando Ugarte respondió que la intención del Gobierno no es intervenir en la autonomía de la Fiscalía, sino establecer "un mecanismo de control sobre el uso de recursos públicos". Ugarte, sin embargo, coincidió con la preocupación por el calendario de contrataciones: "¿Por qué las contrataciones de fortalecimiento llegan a diciembre? Esa es mi preocupación", señaló, y apuntó a un problema adicional de financiamiento para la Fiscalía Supraterritorial, cuyo trabajo de peritajes "no son gastos comunes": "ahí nos falta un bolsillo extra para este tipo de gastos".
La discusión se da en medio de la tramitación activa del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el Congreso, donde la partida del Ministerio Público quedará definida en las próximas semanas junto con el resto de las glosas sectoriales.


