Trump destina US$1 millón a campaña contra el Supremo de Brasil; fiscal general denuncia injerencia “no tolerable”

El gobierno de Donald Trump destinó un millón de dólares a un programa para financiar a organizaciones civiles brasileñas que se oponen a la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF), según reveló el diario británico The Guardian el 30 de septiembre. El proyecto, llamado "Combatir la Guerra Jurídica y la Censura en Brasil", forma parte de un paquete mayor de más de 175 millones de dólares que el Departamento de Estado busca redirigir desde su Fondo de Derechos Humanos y Democracia hacia causas afines a la derecha en distintos países, de acuerdo con la misma investigación.

El fiscal general de Brasil, Jorge Messias, calificó la injerencia como "no tolerable" y advirtió que la información "es especialmente grave a la luz del proceso electoral de Brasil y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones", en declaraciones del 1 de octubre recogidas por La Tercera. Messias presentó una denuncia penal y pidió a la Policía Federal y a la Fiscalía General que identifiquen a los responsables del financiamiento, a sus destinatarios en Brasil y si el dinero se usó para influir en el debate político e institucional del país, a semanas de las elecciones presidenciales.

El reporte de The Guardian sostiene que el dinero proviene de 43 adjudicaciones del Fondo de Derechos Humanos y Democracia, por un total de 176,9 millones de dólares. Entre esas adjudicaciones figuran, además de la iniciativa brasileña, un fondo de 40 millones de dólares contra el "comunismo" y apoyo a un grupo que defiende los derechos de la minoría afrikáner en Sudáfrica, a la que la Administración Trump ha calificado, sin sustento, como víctima de un "genocidio". Hasta el cierre de esta nota, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado habían respondido públicamente a la revelación, y el STF tampoco se había pronunciado de forma oficial.

El episodio se suma a una serie de fricciones entre Washington y el Poder Judicial brasileño. Estados Unidos ya había revocado visas a autoridades judiciales brasileñas vinculadas al proceso contra el ex presidente Jair Bolsonaro, en momentos en que la Administración Trump buscaba que esa causa fuera desechada. También había sancionado antes a un ministro del STF que lidera ese caso. El financiamiento ahora denunciado se inscribe en esa misma línea: es la continuación de una presión sostenida del gobierno estadounidense sobre el tribunal que juzga a un aliado político de Trump en la región.

Qué tan lejos llegue este financiamiento, y si Brasil logra establecer con precisión el destino final de los fondos, dependerá de una investigación que recién comienza.