Dos sobrevivientes de tortura demandan al Fisco por la rebaja de condena de un exsuboficial, condenado según los reportes por torturarlos

Patricio Rivera y Ramón Pavez, sobrevivientes de tortura durante la dictadura, demandaron al Fisco y le exigen $100 millones cada uno por daño moral. El motivo: la rebaja de ocho meses que el Ministerio de Justicia concedió a Manuel Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fuerza Aérea que, según los reportes, fue condenado por torturarlos. La demanda se presentó ante el 3.º Juzgado Civil de Santiago y todavía no ha sido resuelta.

Las abogadas de los demandantes, Karinna Fernández y Magdalena Garcés, cuestionan el beneficio. Fernández afirmó que la medida "inflige un nuevo y grave daño moral a los sobrevivientes". Garcés planteó que "el Ministro no hizo un ejercicio de control de convencionalidad": a su juicio, el Ministerio debió considerar las obligaciones internacionales de Chile en materia de tortura antes de otorgar la rebaja.

De acuerdo con los reportes de prensa, Cabezas fue condenado a cinco años y un día de presidio por tormentos con lesiones graves, calificados como crímenes de lesa humanidad, y la Corte Suprema dejó firme el fallo el 10 de noviembre de 2021. VLN Radio informó que en ese mismo proceso el Fisco ya había sido condenado a pagar $40 millones por daño moral a cada víctima. La rebaja se concedió bajo la Ley 19.856, por "comportamiento sobresaliente", mediante un decreto firmado por el ministro Fernando Rabat. El decreto adelantó el término de su condena del 28 de noviembre al 28 de marzo de 2026.

Los demandantes dicen que supieron de la rebaja en octubre, por la prensa.

La defensa de Cabezas, a cargo del abogado Ricardo Bravo, sostiene que las reducciones por comportamiento sobresaliente corresponden cuando se cumplen los requisitos legales y que no se pueden exigir condiciones que la ley no establece. El propio Cabezas declaró que "me lo gané yo por mi conducta sobresaliente" y afirmó que "todo es falso, no soy torturador".

Hasta ahora no hay una respuesta del Ministerio de Justicia a la demanda.