Oficialismo y expresidentes chocan por el Escudo de las Américas

Una carta conjunta de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric cuestionando la adhesión de Chile al Escudo de las Américas desató nuevos desencuentros en el Congreso, donde el oficialismo respondió que ambos criticaron la medida "sin contar con información de primera mano sobre sus alcances, condiciones y resguardos". Los presidentes de UDI, RN, Evópoli y Partido Republicano firmaron la respuesta conjunta, según reportó La Tercera.

El Escudo de las Américas es un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos para combatir el crimen organizado transnacional, impulsado por Estados Unidos y nacido el 7 de marzo de 2026 en una cumbre en Miami convocada por el presidente Donald Trump con doce países de la región. Chile pasó de observador a miembro pleno el 22 de septiembre, según confirmó el gobierno de José Antonio Kast, y se sumó así a un grupo de catorce países —entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— que comparten inteligencia sobre 25 organizaciones criminales identificadas por el mecanismo, entre ellas el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para el gobierno, la adhesión trae beneficios operacionales concretos: acceso a información sobre crimen organizado, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI, y mejor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú frente al tráfico de drogas, armas y personas. El propio Kast acotó los alcances de la cooperación al señalar que "aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o el terrorismo; aquí estamos hablando de coordinación de información", sin compromisos automáticos ni tratados vinculantes —cualquier operación conjunta requeriría, según esa versión oficial, aprobación adicional.

Bachelet y Boric plantearon lo contrario en su carta conjunta, calificada por La Tercera como un gesto inédito por la rareza de que ambos expresidentes coincidan en una posición pública unificada: pidieron al gobierno reconsiderar la permanencia de Chile en la instancia, por las dudas que les genera sobre la soberanía y autonomía del país en la decisión. En el Congreso, el diputado Raúl Soto (PPD) respaldó esa lectura y calificó la adhesión de "un grave error", mientras que el independiente Gustavo Gatica acusó al gobierno de "confundir cooperación con subordinación". Del oficialismo, los diputados republicanos Cristián Araya, Catalina del Real y Stephan Schubert defendieron la medida: del Real sostuvo que Chile "necesita más intercambio de inteligencia" y Schubert la describió como "una medida en contra del crimen organizado". El socialista José Antonio Rivas respaldó el rol de Bachelet, mientras su par de bancada Juan Santana cuestionó lo que llamó inconsistencias del oficialismo en el manejo del tema.

El debate de fondo, que hasta ahora no ha sido resuelto ni por el gobierno ni por sus críticos, es hasta dónde llega exactamente esa coordinación y si Chile logrará mantener separado el combate al crimen organizado de los intereses geopolíticos de Washington. Entre las críticas que ha recogido la prensa figuran la eventual pérdida de autonomía frente a Estados Unidos, el riesgo de subordinación a su agenda regional y el enfoque marcadamente militar con que la administración Trump ha descrito a los carteles, a los que en algunas ocasiones comparó con el Estado Islámico.