Contraloría detecta 7.207 funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica en 2025, una baja de 63% respecto a los dos años anteriores

La Contraloría General de la República constató que 7.207 funcionarios públicos viajaron al extranjero durante 2025 mientras estaban con licencia médica, según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°26, dado a conocer el 2 de octubre. Se trata de licencias financiadas con fondos públicos, cuyo uso irregular implica un costo directo para el Estado. La cifra marca una caída del 63% respecto de los 19.963 y 19.795 casos detectados en 2023 y 2024, pero confirma que el fenómeno —destapado por el organismo contralor en mayo de 2025— sigue sin resolverse del todo: entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de ese año, ya bajo escrutinio público, se registraron otros 1.497 viajes asociados a licencias potencialmente irregulares.

El hallazgo es la tercera entrega de una auditoría que la propia Contraloría viene actualizando desde el CIC N°9, publicado en mayo de 2025, cuando identificó por primera vez a miles de servidores públicos que salían del país estando de reposo médico. Ese primer reporte abrió lo que la prensa bautizó como "el caso de las licencias médicas": sumarios administrativos, derivaciones a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), y meses de seguimiento institucional. El CIC N°26 actualiza esa misma pesquisa con los datos consolidados de todo 2025; no es un episodio nuevo y separado del que ya se conocía.

Lo que sí aporta de nuevo este reporte es la comparación interanual y el comportamiento de quienes ya habían sido detectados antes: 4.522 personas registraron viajes asociados a licencia médica en dos de los tres años revisados (2023, 2024 y 2025), y 566 funcionarios lo hicieron en los tres años consecutivos, lo que la Contraloría describe como conducta reiterada. Las instituciones con más casos en 2025 son la Junji (346 funcionarios), la Fundación Integra (326), el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro (207), la Municipalidad de Arica (165) y el Servicio de Salud de Magallanes (162).

La normativa chilena permite viajar al extranjero estando con licencia médica si el reposo se autoriza expresamente para ese destino; lo irregular es viajar sin esa autorización o en condiciones incompatibles con el diagnóstico que justificó el reposo. No se especifica cuántos de los 7.207 casos corresponden a viajes efectivamente autorizados y cuántos a viajes sin autorización: la cifra agrupa a todos los funcionarios que viajaron estando con licencia, sin que el material disponible permita separar ambos grupos. Es el propio organismo el que calificará, caso por caso, cuáles configuran una irregularidad susceptible de sumario.

La Contraloría anunció que remitirá los antecedentes a los servicios públicos involucrados para que inicien o continúen procedimientos disciplinarios, y que los casos de mayor gravedad llegarán también a la Compin, la Suseso, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió el mismo viernes que los funcionarios que incurrieron en irregularidades "van a pagar con la sanción que corresponda" y que "Contraloría ya instruyó que todos los servicios públicos deben iniciar los sumarios". No hay registro público, al cierre de esta nota, de que el Gobierno haya anunciado si evaluará extender la revisión a períodos posteriores a 2025.

El propio reporte deja planteada la pregunta de fondo que el caso arrastra desde 2025. La baja de 63% respecto de los dos años anteriores podría leerse como un efecto disuasivo de la exposición pública del primer informe. Pero los más de 1.400 viajes registrados ya bajo escrutinio, y los cientos de funcionarios que repiten la conducta año tras año, muestran que la fiscalización por sí sola no ha cerrado el problema.