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Martes, 13 de octubre de 2026
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Sernageomin dice que advirtió en febrero del riesgo de aluviones en San Carlos de Apoquindo

El director de Sernageomin afirma que un reporte entregado a Senapred en febrero advertía de nuevos aluviones. Según Toro, sus recomendaciones no eran vinculantes. La Fiscalía investiga.

Quebrada de San Carlos de Apoquindo con barro y detritos del aluvión sobre calles o cauce, con cerros quemados al fondo.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial. Representa la entrega de un reporte, según la versión de Sernageomin; no corresponde a una fotografía real ni documenta ese hecho.

El director de Sernageomin, Mauricio Toro, afirmó que su servicio entregó en febrero a Senapred un reporte técnico, elaborado tras un aluvión menor a fines de enero, que advertía de que, con lluvias más intensas, podían repetirse aluviones en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. El aluvión llegó el jueves 8 de octubre. La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades.

Según Toro, el documento es un Reporte Técnico de Remociones en Masa (ReTeRM) que Sernageomin elaboró después de un aluvión menor a fines de enero en el mismo sector. Dijo que señalaba que, con precipitaciones más fuertes, podían darse situaciones "parecidas a las que estamos viviendo". ## Qué dice Sernageomin sobre el alcance de sus reportes

Toro explicó que los reportes del servicio contienen recomendaciones técnicas sin carácter vinculante. Sernageomin determina el peligro geológico; las obras y decisiones de infraestructura corresponden a autoridades locales y a servicios sectoriales, como el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El director calificó el aluvión del 8 de octubre como un fenómeno particular: una lluvia muy intensa en poco tiempo sobre una zona de vulnerabilidad alta. Agregó que el incendio forestal que, según Emol, ocurrió a fines de diciembre de 2025 y destruyó más de mil hectáreas modificó el suelo superficial y aumentó la susceptibilidad a remociones en masa.

Cronología de documentos y obras entre mayo y agosto

Hubo otros hitos antes del aluvión, según el recuento de Emol. La Pontificia Universidad Católica presentó el 11 de mayo una querella por el incendio y alertó de un "riesgo inminente" de nuevos aluviones ante lluvias. El 24 de junio, un informe interno de la Municipalidad de Las Condes, presentado al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres comunal, señaló un mayor riesgo aluvional y recomendó instalar mallas mitigadoras.

Según Emol, el 7 de agosto el municipio anunció un convenio con el Club Deportivo Universidad Católica para instalar cinco barreras dinámicas, con una inversión de $754 millones financiada por el MOP y un plazo estimado de 90 días. Al momento del aluvión, indicó el medio, las barreras aún no estaban instaladas.

Versiones de las partes

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, criticó al MOP por la demora en instalar mallas dinámicas en la Quebrada Honda, que según ella fueron aprobadas en marzo, y por la falta de obras de mayor envergadura, como piscinas decantadoras a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas. Explicó además que las condiciones del terreno dificultaron el ingreso de maquinaria. Sostuvo que el municipio pidió reiteradamente a Sernageomin evaluar la zona y clasificarla como de riesgo, y que envió varios oficios, el último cerca de una semana antes de sus declaraciones. "Necesitamos que cada entidad haga su trabajo y nos busque responsables donde no están", dijo.

El biministro Louis de Grange, por su parte, sostuvo que ningún dispositivo o medida preventiva habría evitado lo ocurrido, aunque reconoció que se necesita más infraestructura y que eso toma tiempo en estudios, construcción y presupuesto. La versión de la Dirección de Obras Hidráulicas y la de Senapred sobre estas críticas y sobre el reporte de Sernageomin no constan en el material revisado.

La investigación penal

La causa quedó en la Fiscalía Local de Las Condes, a cargo de los fiscales Francisco Lanas y Manuel Zará. Las diligencias de campo fueron encomendadas al OS9 y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros. La investigación busca establecer si existen responsabilidades.