Dos exministros advierten que la nueva ley de uso de la fuerza podría ser inconstitucional

Dos exministros advierten que la nueva ley de uso de la fuerza podría ser inconstitucional

El Congreso despachó la ley que fija las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) de Carabineros y la PDI, y los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero sostienen que el texto aprobado tiene "problemas graves" y que una de sus reglas centrales podría ser inconstitucional. Lo plantearon en una carta publicada en El Mercurio el domingo 11 de octubre.

El proyecto quedó despachado el miércoles 7 de octubre, cuando la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta por 111 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, y el Senado lo hizo por 29 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, según informó el Gobierno. Había ingresado al Congreso en abril de 2023, es decir, tras más de tres años de tramitación.

Según el Gobierno, la ley regula las actuaciones de Carabineros, la PDI y, cuando corresponda, las Fuerzas Armadas. Las policías deben regirse por los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, y graduar la fuerza en cinco niveles, desde la presencia policial hasta la fuerza potencialmente letal. Esta última solo procede cuando los grados anteriores resultan insuficientes y ante causales como el cumplimiento del deber, la legítima defensa, el cumplimiento de una orden judicial, la prevención de fugas o la protección de infraestructura crítica ante un peligro grave. Para los estados de excepción constitucional, el texto incluye además las ocho niveles de escalamiento que la comisión mixta despachó a comienzos de mes, aplicables a las Fuerzas Armadas. Gendarmería queda fuera.

La carta de Tohá y Cordero apunta a otros aspectos del texto, según la reportó Emol. Los exministros señalan que se eliminó la proporcionalidad y se la reemplazó por la racionalidad. "Suprimirla vuelve la regla inconstitucional o al menos obliga a leerla a la luz de la Constitución", escriben. Recuerdan que el Congreso incorporó la proporcionalidad en las leyes de Carabineros y la PDI en diciembre de 2021.

También cuestionan que se autoricen las armas potencialmente letales para impedir la fuga de una persona o asegurar el cumplimiento de una orden judicial, sin exigir que se considere el peligro. "¿Es admisible la fuerza letal cuando esa fuga no pone en riesgo la vida ni la integridad de nadie?", preguntan.

Un tercer punto es la presunción a favor de las fuerzas de orden que creó la Ley Naín-Retamal, limitada en su origen a situaciones de amenaza a la vida o la integridad. Según la carta, la nueva ley la extiende "a cualquier actuación realizada en cumplimiento del deber". Los autores agregan que se eliminaron "inexplicablemente todas las referencias a reglamentos" y que el texto deja a cada policía, en plena operación, la elección de los medios.

Tohá y Cordero no se oponen a que estas reglas tengan rango legal. Reconocen que deben tenerlo, pero afirman que el texto aprobado "tiene problemas graves que erosionan esa certeza", y que "tratar algunas de sus normas como triunfos políticos va en sentido contrario".

Esa es la lectura de los dos exministros, no una conclusión jurídica establecida. Al cierre de esta nota no se conocía una respuesta del Gobierno ni un requerimiento al Tribunal Constitucional.