Soto anuncia que la acusación constitucional contra el ministro Rabat se presentará “en los próximos días”
El presidente del PPD, Raúl Soto, dijo que el libelo contra el ministro de Justicia por la rebaja de condenas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores tiene tres capítulos y aún no se presenta.
El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, dijo este domingo 8 de noviembre que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, está en su etapa final y que se presentará "en los próximos días". El libelo apunta a la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, que Soto atribuye a decretos del ministerio. Por ahora es un anuncio: la acusación no ha sido presentada formalmente.
"Estamos a un 99% de la elaboración del texto", afirmó Soto. Según el diputado, el escrito tendrá tres capítulos. El primero plantea infracciones legales, constitucionales y de tratados internacionales por la rebaja y liberación de esos 56 casos; Soto argumenta que se vulneran la Ley de Garantías de la Niñez y el principio del interés superior del niño. El segundo se refiere a la rebaja de condenas y la posible liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El tercero, a una supuesta falta a la probidad.
Según Soto, el ministro debía limitarse a aplicar la ley. También criticó que el Gobierno "todavía no entrega los decretos" y que "todavía no hay transparencia". Además, según él, el Presidente José Antonio Kast prolonga la crisis por no pedir la renuncia de Rabat.
La Constitución permite acusar a un ministro de Estado por infringir la Constitución o las leyes, o por haberlas dejado sin ejecución, entre otras causales. El libelo debe ser formulado por no menos de diez ni más de veinte diputados, y puede presentarse mientras el ministro esté en funciones o hasta tres meses después de dejar el cargo. Si la Cámara declara que ha lugar la acusación por mayoría de los diputados presentes, el ministro queda suspendido y el Senado, que actúa como jurado, resuelve si es culpable. Para ello se requiere la mayoría de los senadores en ejercicio. La declaración de culpabilidad destituye al acusado y le impide ejercer funciones públicas por cinco años.
