Presupuesto de Salud 2027 sube 4,7%, pero recorta la Ley Ricarte Soto y el ajuar del recién nacido

El Gobierno presentó su propuesta de Presupuesto de Salud 2027 con un alza global de 4,7% real, pero dentro de ese aumento hay dos recortes puntuales que ya generan controversia: la cobertura de la Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos de alto costo para enfermedades catastróficas, y el ajuar del recién nacido, el beneficio que el Estado entrega a familias con hijos recién nacidos. La ministra de Salud, May Chomali, defendió el proyecto —ingresado al Congreso el 1 de octubre— por priorizar la atención primaria, la reducción de listas de espera y la oncología. El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, calificó los recortes de "un ataque realmente inhumano" y advirtió que los pacientes de la Ley Ricarte Soto quedarán con una cobertura menor a la actual.

Según cifras reportadas por La Tercera a partir del proyecto de presupuesto, el fondo de la Ley Ricarte Soto pasaría de 189.696 millones de pesos en 2026 a 166.951 millones en 2027, una caída de 14,6% real —unos 22.745 millones de pesos menos—. El ajuar del recién nacido, por su parte, bajaría de 17.600 a 16.200 millones de pesos, una reducción de 10,7% real. Castro sumó ambos recortes y habló de "28 mil millones de pesos" menos para personas con enfermedades catastróficas, una cifra que no coincide exactamente con la suma de los montos nominales reportados por el medio, aunque sí con el orden de magnitud del ajuste.

Esos dos recortes puntuales conviven con un presupuesto que, en su totalidad, crece: el Ministerio de Salud aumenta 4,7% real para 2027, y Fonasa en particular pasa de 14.964 billones de pesos en 2026 a 16.224 billones, un alza nominal de 8,4%. La atención primaria es la gran beneficiada, con un incremento de 6,8% real —de 3.596 a 3.960 billones de pesos—, en línea con el objetivo declarado del Gobierno de reforzar la capacidad resolutiva del sistema público y bajar las listas de espera.

Consultado por los recortes, el Ministerio de Salud respondió que "la continuidad de sus tratamientos se encuentra resguardada y, al igual que en ejercicios anteriores, en caso de ser necesario, se incorporarán recursos adicionales durante la ejecución presupuestaria". Es decir, el Gobierno no niega la rebaja en el presupuesto inicial, pero promete que durante el año podría inyectar fondos adicionales si la demanda de tratamientos lo requiere —como ya ha ocurrido en presupuestos anteriores.

Ese historial reciente es justamente lo que alimenta la preocupación de Castro y de otros parlamentarios: la Ley Ricarte Soto no llega a este presupuesto en un momento de estabilidad. El fondo que financia los tratamientos de alto costo arrastra un déficit estructural desde 2019, cuando sus gastos comenzaron a superar sus ingresos anuales, y en enero de este año estuvo suspendido durante semanas por la falta de un informe presupuestario obligatorio de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Esa paralización, que se extendió desde el 23 de diciembre de 2025, dejó a más de 30.000 pacientes sin acceso a sus tratamientos y frenó la evaluación de al menos 39 terapias ya aprobadas, lo que llevó a Castro a presentar un reclamo ante la Contraloría para revisar la legalidad de la medida.

La propia ministra Chomali había reconocido meses antes que el fondo de la ley está "sobregirado": el presupuesto asignado equivale a aproximadamente un tercio de lo que efectivamente se gasta en medicamentos para los pacientes ya incorporados al sistema. En ese contexto, un recorte adicional de 14,6% real para 2027 —antes de que el proyecto de ley sea discutido y eventualmente modificado en el Congreso— es lo que explica la dureza de la reacción opositora: para Castro, la discusión presupuestaria que viene "va a ser extremadamente pesada" dado el volumen de reducciones y suspensiones ya ocurridas en el programa.

La Ley Ricarte Soto (N° 20.850), promulgada en 2015 y nombrada en memoria del periodista que impulsó su creación tras ser diagnosticado con cáncer, ha beneficiado a más de 65.000 personas desde su entrada en vigencia, según cifras de Fonasa. El fondo cubre tratamientos de enfermedades de alto costo que, sin ese respaldo estatal, resultarían inabordables para la mayoría de los pacientes y sus familias.

El proyecto de Presupuesto 2027 recién ingresó a tramitación legislativa y debe ser discutido, partida por partida, en la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso durante los próximos meses, donde estas cifras —y las promesas de refuerzo posterior que ofrece el Minsal— previsiblemente volverán a discutirse.