Un informe de la Contraloría reveló que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos en sumarios administrativos, varios por más de tres años, mientras siguen cobrando sueldo. La cifra generó reacciones transversales en el Congreso.
Eduardo Cerna admitió ante el Congreso que la PDI está "dolida" por casos de corrupción interna y planteó extender la declaración de intereses y patrimonio a todo el personal operativo, no solo a los mandos.
