Director de la PDI reconoce corrupción interna y propone declaración de patrimonio para todo el personal

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, reconoció ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados que la institución atraviesa un momento marcado por casos de corrupción interna, y propuso modificar la ley que regula las declaraciones de patrimonio e intereses para extenderla a todo el personal con funciones operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias.

"No puedo eludir que estamos en un momento que nos ha golpeado como institución, estamos dolidos", dijo Cerna en su comparecencia del 21 de septiembre. "Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones y la dirección del Ministerio Público, que personas que juraron servir a la patria están siendo investigadas por delitos graves, traición a la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender incluso con nuestra vida. Nuestra postura ha sido y seguirá siendo categórica: tolerancia cero a la corrupción. Sobre ellos debe caer todo el rigor de la ley."

El director no detalló ante la comisión los casos puntuales que motivan ese reconocimiento, aunque el contexto de su comparecencia coincide con la instrucción judicial abierta en septiembre de 2026 contra el exfiscal Vinko Fodich y otros tres funcionarios de la PDI, formalizados por su presunta participación en una red de secuestros extorsivos. Cerna entregó además una cifra: entre 2024 y lo que va de 2026, la institución decretó el retiro de 116 funcionarios de distintos escalafones por razones disciplinarias o pérdida de confianza.

La propuesta concreta que Cerna llevó al Congreso apunta a modificar la Ley N° 20.880, que hoy exige declaración de intereses y patrimonio principalmente a mandos y autoridades, para ampliarla a todo el personal que cumpla funciones operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias. El mecanismo que planteó contempla declaraciones al momento del ingreso, de forma anual, al asumir o dejar funciones consideradas críticas, al ascender, al término de la carrera funcionaria y ante alertas patrimoniales fundadas, con un anexo reservado con información financiera sujeto a cruces electrónicos con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y los conservadores de bienes raíces.

Se trata, por ahora, de una propuesta presentada por el director de la PDI ante una comisión legislativa, no de una medida en vigencia: su aplicación requeriría una modificación legal que, hasta ahora, no ha sido votada ni ingresada formalmente como proyecto de ley.

"Seremos implacables con quienes se aparten de la ley, traicionen nuestra doctrina, defrauden la fe pública", cerró Cerna ante los diputados.