Un relator de la ONU concluye que los ataques de EE.UU. a lanchas narco “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”

Los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas como de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico "podrían constituir crímenes de lesa humanidad", según un informe de Ben Saul, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y contraterrorismo. El documento, difundido este 22 de septiembre, cubre operaciones realizadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 y llega en momentos en que Washington sostiene que se encuentra en un "estado de conflicto armado" con organizaciones que designó como terroristas. Estados Unidos rechaza esa caracterización y defiende los ataques como legítima defensa.

Saul es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU —no un portavoz del organismo ni una instancia con capacidad de emitir resoluciones vinculantes—, y su informe es una evaluación jurídica propia, no una condena formal de Naciones Unidas como institución colegiada.

Según el informe, citado por Al Jazeera, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 Estados Unidos atacó 68 embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de al menos 223 muertos, y un costo operativo estimado en 4.700 millones de dólares hacia mediados de 2026. El texto describe los ataques como "asesinatos extrajudiciales en serie, en violación del derecho a la vida, sin que estén justificados por legítima defensa nacional o personal, ni por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional del mar, las convenciones de supresión del narcotráfico o el derecho internacional contraterrorista" —cita que corresponde a una traducción propia del inglés original, ya que no hay traducción oficial disponible.

El relator sostiene además que el narcotráfico no alcanza el umbral jurídico de un "ataque armado" que habilite el uso de la fuerza en legítima defensa, y que "no parece haber base fáctica" para sostener que organizaciones como el Tren de Aragua hayan actuado como agentes del Estado venezolano, una de las justificaciones que ha circulado en el debate sobre estas operaciones. En su conclusión central, calificó los ataques como "contrarios al derecho internacional, violatorios del derecho humano a la vida, y que plausiblemente constituyen crímenes de lesa humanidad" —también traducción propia.

El gobierno de Estados Unidos ha defendido los ataques como actos de legítima defensa contra "narcoterroristas". El presidente Donald Trump informó al Congreso que las operaciones responden a un estado de conflicto armado con organizaciones designadas como terroristas, marco que el informe de Saul rechaza explícitamente al considerar que el narcotráfico no equivale, en términos legales, a una agresión armada contra el país. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido una de las voces del gobierno estadounidense vinculadas a la defensa pública de estas operaciones, según recoge Al Jazeera.

El informe se conoce dos días después de un nuevo ataque contra una embarcación en la región, según el mismo reporte, lo que mantiene abierta la controversia mientras continúan las operaciones en el Caribe y el Pacífico.