Presupuesto 2027: el margen fiscal más estrecho del que dispone el Gobierno para reforzar seguridad

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, adelantó que el Gobierno prepara el Presupuesto 2027 con la seguridad como uno de los ejes centrales, a 11 días de que venza el plazo constitucional para presentarlo al Congreso: el 30 de septiembre, según reportó BioBioChile. El proyecto llega en un año marcado por el desempleo en 9,5% (trimestre mayo-julio) y un crecimiento del gasto público proyectado de apenas 0% a 1%, un margen estrecho para repartir entre carteras que compiten por más recursos.

Dentro de ese margen acotado, seguridad recibiría "recursos adicionales, aunque sin grandes expansiones", según esa misma nota, la única que hasta ahora ha reportado el detalle del proceso. Pavez adelantó que el presupuesto será "acorde a las necesidades de los chilenos" y que "la seguridad, en todos sus niveles, va a tener un rol muy importante" en las cuentas del próximo año. El Ministerio de Hacienda, a cargo de Jorge Quiroz, no tiene hasta ahora una declaración pública específica sobre seguridad en el Presupuesto 2027: sus últimas apariciones públicas sobre el proceso se han concentrado en el techo de gasto y en la eficiencia de los programas vigentes, sin una cita textual suya sobre la partida de seguridad.

No es la única cartera que pide más plata. Vivienda solicitó un aumento del 23,9%, y Obras Públicas y Salud también figuran entre las prioridades que Hacienda deberá ordenar antes de enviar el proyecto al Congreso.

El margen es tan estrecho porque el ajuste fiscal detrás del Presupuesto 2027 es, según los propios economistas que lo han analizado, más exigente de lo habitual: el Gobierno busca reducir el déficit estructural de -2,6% del PIB en 2026 a -1,8% en 2027, un recorte de 0,8 puntos que economistas como Cecilia Cifuentes (Universidad de Los Andes) calificaron como un espacio "muy reducido, e incluso negativo", y que Juan Ortiz (OCEC-UDP) describió como "mínimo", con una variación esperada de entre 0% y 1%, según reportó La Tercera-Pulso en junio de 2026. Ese diagnóstico previo —hecho antes de que Pavez confirmara el foco en seguridad— es el que explica por qué cualquier refuerzo a una cartera, incluida seguridad, compite ahora por un espacio fiscal descrito por esos economistas como excepcionalmente ajustado, y no por una repartición discrecional de recursos abundantes.

El plazo del 30 de septiembre no es un límite fijado por la coyuntura, sino un mandato constitucional: el artículo 67 de la Constitución exige que el proyecto de Ley de Presupuestos se presente al Congreso con al menos tres meses de anticipación a la fecha en que debe empezar a regir —el 1 de enero—, lo que fija esa fecha tope todos los años. El Congreso cuenta luego con 60 días para tramitarlo; si no lo despacha en ese plazo, rige el proyecto presentado por el Ejecutivo.

La seguridad no llega como una prioridad nueva: el Presupuesto 2026, despachado por el Senado en noviembre de 2025, ya había destinado más de $5.000 millones adicionales a Carabineros y la PDI. El Presupuesto 2027, instalado en un año electoral, sostendría esa misma línea, aunque —de acuerdo con lo reportado hasta ahora— sin la cifra exacta que permita dimensionar si el refuerzo será mayor, similar o menor al del año anterior. Ni el artículo de BioBioChile ni las declaraciones citadas hasta ahora incluyen esa cifra específica, y Dipres —la Dirección de Presupuestos, la entidad que elabora el proyecto— no tenía disponible información adicional al momento de esta nota.