Contraloría detecta 485 funcionarios suspendidos con sueldo en sumarios sin resolver
Un informe de la Contraloría reveló que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos en sumarios administrativos, varios por más de tres años, mientras siguen cobrando sueldo. La cifra generó reacciones transversales en el Congreso.
La Contraloría General de la República detectó 485 funcionarios públicos suspendidos preventivamente en sumarios administrativos entre enero de 2020 y marzo de 2026, todos ellos con sus remuneraciones al día pese a estar apartados de sus funciones, según consignó Emol la noche del 21 de septiembre. La cifra generó reacciones transversales en el Congreso, donde varios parlamentarios calificaron la situación como insostenible.
El hallazgo forma parte de un informe del organismo contralor que identificó, dentro de ese universo, a 30 funcionarios con suspensiones que superan los tres años, 13 de ellos por más de cuatro años. El caso más prolongado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), suspendido durante cuatro años y siete meses, seguido por casos en el SLEP Santiago Centro y el SLEP Atacama, según reportó Cooperativa.cl, que corroboró de forma independiente la cifra central del informe.
Todos los funcionarios suspendidos continuaron percibiendo sueldo mientras sus sumarios permanecían sin resolución. En los diez casos de mayor duración, el gasto fiscal en remuneraciones asciende a 671.426.189 pesos, de acuerdo con ambos medios. El informe agrega hallazgos adicionales: 22 de los funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas según datos del Servicio de Impuestos Internos, y un número no precisado de casos mostraba viajes al extranjero o asistencia a casinos durante el período de suspensión, según Cooperativa.cl.
Es importante distinguir qué mide exactamente esta cifra: los 485 funcionarios están suspendidos en el marco de sumarios administrativos en curso, una medida cautelar mientras se investiga una eventual falta, no una sanción ya aplicada. El informe no establece que los 485 hayan sido responsables de una irregularidad comprobada; el problema que documenta la Contraloría es la demora en resolver esos procesos, no necesariamente la culpabilidad de quienes los sufren.
En respuesta a los hallazgos, la Contraloría asumirá directamente la tramitación de los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años, que hasta ahora estaban a cargo de los servicios de origen. El organismo exigirá además a las entidades que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año que informen, en un plazo de 15 días hábiles, el cierre de los sumarios, la justificación de que continúen abiertos, o las medidas concretas para acelerar su resolución.
La reacción en el Congreso fue inmediata y cruzó el espectro político. La diputada Javiera Rodríguez (Republicanos) sostuvo que se trata de "exactamente el tipo de malgasto que tenemos que cortar de raíz". El diputado Francisco Orrego (RN) calificó la situación como "una burla impresentable para todas las familias de Chile". Desde otra vereda, el senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que "esta burocracia dentro del aparato público es inaceptable", mientras la diputada Ana María Gazmuri (AH) valoró que la Contraloría "se haga cargo de una situación que no puede seguir normalizándose". El diputado Jaime Araya (IND-PPD) calificó como "francamente escandalosa" la demora en resolver los casos.
El informe no precisa si se trata de una medición inédita o si la Contraloría ha reportado cifras comparables en ejercicios anteriores sobre sumarios y suspensiones; ese antecedente no pudo confirmarse con las fuentes disponibles hasta el cierre de esta nota.
