Femicidios frustrados 2025: la mitad de las víctimas ya había denunciado

Chile registró 330 femicidios frustrados durante 2025, y en la mitad de esos casos —165 víctimas— la mujer ya había presentado una denuncia antes del ataque. El dato lo entregó el Circuito Intersectorial de Femicidios, la instancia que reúne a Carabineros, la PDI y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), según consignó Cooperativa este 4 de septiembre.

La cifra pone en el centro una pregunta incómoda: qué pasa con una denuncia una vez que se hace. No se trata solo de que la violencia llegue a un intento de femicidio, sino de que en la mitad de esos intentos el sistema ya tenía una alerta previa y el ataque ocurrió de todos modos. El mismo reporte consigna que en 2025 hubo además 44 femicidios consumados, y que apenas el 12,4% de las víctimas contaba con una medida cautelar vigente al momento del hecho.

La ministra Judith Marín —según la cita que recoge Cooperativa— defendió el trabajo de capacitación del último año: "hemos capacitado este año cerca de 8.000 funcionarios entre Carabineros, también PDI, para tener una atención oportuna". La general Mitza González ofreció una lectura distinta sobre el perfil de los agresores: "muchas de las personas que son detenidos o que son los autores de los femicidios no tenían denuncias previas", dijo, apuntando a que el problema no se limita a los casos ya conocidos por el sistema. Ambas declaraciones fueron reportadas por Cooperativa; EL NEXO no tuvo acceso directo a los registros del Circuito Intersectorial ni a un comunicado oficial que las respalde de forma independiente.

El reporte también indica que SernamEG contactó al 89% de las sobrevivientes de femicidio frustrado durante 2025 y presentó querella en el 47% de esos casos. No se conoció, al cierre de esta nota, un desglose regional de los 330 casos.

La cifra se conoce en un momento en que el Estado chileno mueve dos piezas distintas sobre violencia contra la mujer. Desde el 1 de septiembre rige una ley que restringe el acceso a pensiones de sobrevivencia para personas condenadas por crímenes graves contra mujeres, una medida que actúa después del hecho, sobre el castigo. Días antes, el 27 de agosto, el Gobierno había ingresado al Congreso un proyecto de ley conocido como "Cautelares Reforzadas", orientado a fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia antes de que el riesgo escale. Ninguna de las dos iniciativas nació como respuesta directa al reporte de los 330 casos —ambas son anteriores o simultáneas a su difusión—, pero conversan con el mismo diagnóstico que el propio Circuito Intersectorial pone sobre la mesa: la mitad de las víctimas de un femicidio frustrado ya había pedido ayuda antes de que ocurriera.