Ministerio Público reporta 22 alcaldes y 18 fiscales con protección por amenazas del crimen organizado

El Ministerio Público informó este lunes que 22 alcaldes y 18 fiscales tienen actualmente medidas de protección por amenazas o agresiones vinculadas al crimen organizado, una cifra que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregó durante una sesión de la Comisión de Seguridad del Senado realizada en la Municipalidad de San Bernardo.

Del total de alcaldes con protección, ocho tienen personal de Carabineros o de la PDI asignado bajo la unidad de Protección de Personas Importantes (PPI), el esquema de resguardo reservado para autoridades bajo riesgo mayor. Entre los fiscales, diez de los 18 protegidos cuentan también con PPI designado. La Tercera reportó el dato ese lunes con atribución directa a las palabras de Valencia ante el Senado. Emol publicó la misma cifra el mismo día en su portada, de forma independiente, aunque esta nota no logró acceder al texto completo de esa segunda cobertura pese a dos intentos.

Valencia enmarcó la cifra dentro de lo que definió como una táctica reconocible del crimen organizado para frenar la acción del Estado: "intentar evitar la persecución por parte del Estado, ya sea por la vía del soborno o por la vía del amedrentamiento", dijo, según consignó La Tercera. Sobre la frecuencia de las amenazas a autoridades, agregó que se trata de algo "lamentablemente esperable, pero que no se confunda lo esperable con lo deseable" — una distinción con la que buscó reconocer el fenómeno sin normalizarlo.

Junto con entregar la cifra, el Fiscal Nacional anunció un cambio en la forma en que el Ministerio Público tramita este tipo de casos: los fiscales regionales asumirán personalmente las investigaciones por amenazas a autoridades dentro de sus propias jurisdicciones. Hasta ahora, según su explicación, buena parte de esas causas se concentraba en la Fiscalía Metropolitana Sur, bajo la conducción de Héctor Barros. La descentralización apunta a que cada región resuelva sus propios casos sin depender de una unidad centralizada en Santiago, aunque Valencia no detalló ante la comisión un cronograma de implementación ni si el cambio requiere una instrucción general formal.

La cifra fue entregada en el contexto de una sesión legislativa dedicada a seguridad, y no vino acompañada —según lo reportado por La Tercera— de un desglose por región ni de una precisión sobre si las 22 y 18 medidas de protección corresponden a casos nuevos de este año o a una acumulación histórica. El sitio institucional del Ministerio Público (fiscaliadechile.cl) no permitió corroborar la declaración con un comunicado propio: el enlace donde normalmente se publican estas intervenciones devolvió un error 404 al momento de esta verificación, por lo que la cifra se sostiene aquí exclusivamente en la cobertura periodística que la recogió de la sesión del Senado.